Los colegios de abogados de Ecuador pedirán el procesamiento de Garzón

MADRID- El «caso Gürtel», los crímenes del franquismo, los cobros de Nueva York... ahora, Baltasar Garzón podría enfrentarse a una nueva acusación, esta vez, en Ecuador, país para el que trabaja como «observador internacional». Así se desprende de las palabras del portavoz de la Federación Nacional de Abogados de este país (FNAE), Pedro Javier Granja, quien ya ha advertido de que solicitarán el procesamiento de Garzón como «cómplice de malversación de fondos estatales». Una decisión que llega después de que hace dos semanas este organismo, que agrupa a los colegios de abogados de todo el país, le declarara «persona non grata» por unanimidad.
Pero éste no es el primer movimiento de la Federación contra Garzón. Y, aunque quieren dejar claro que no es una guerra personal contra él, insisten en que «está cobrando por un trabajo que no realiza». La historia comienza cuando el Ejecutivo de Rafael Correa contrata al juez estrella del momento para que supervise la reforma de la judicatura, una reforma a todas luces inconstitucional para todos los colegios de abogados del país.
Un asesoramiento por el que Garzón recibirá más de 50.000 euros y que no tendría nada de inusual de no ser, según explica Granja, por el hecho de que «Garzón no hace nada. Vino dos veces a Quito y siempre en fines de semana». Y va más allá: «Nos indigna que se haya declarado ciego, sordo y mudo ante un proceso de selección de jueces que fueron elegidos de forma discrecional», y que cuando se le pregunta por este hecho se limite a decir que «a él no le toca analizar esas cosas».
Pero sí le atañe, más cuando, según especifica el portavoz de la Federación, una de las pruebas clave del proceso de selección incluye preguntas como ¿qué tipo de preservativo usa?, ¿tiene usted miedo a las ratas?...Y justo cuando se le increpa a Garzón sobre esta prueba psicológica, incluida en el proceso que él está supervisando y que vulnera la privacidad de los aspirantes, su respuesta no es otra que «no conozco el contenido de los cuestionarios».

La gota que colma el vaso
Si a esto unimos que el Ejecutivo de Correa acaba de contratar a un funcionario para que «represente» in situ al ex magistrado o, lo que es lo mismo, que gestione el proceso y haga el trabajo que debería estar haciendo Garzón, la respuesta de esta Federación no se ha hecho esperar. «Se trata de un delito, ya que pagan con fondos del Estado a dos personas por el mismo trabajo», indica su portavoz, por lo que solicitarán el procesamiento de Garzón.
De momento, la FNAE ya ha acudido a la Embajada española para pedir a las autoridades de nuestro país que intervengan y pidan cuentas de su trabajo en Ecuador al ex magistrado, al que también solicitaron una cita formal. Nunca les respondió. Sea como fuere, Granja asegura que utilizarán todas las armas jurídicas a su alcance para impedir que Garzón retorne. Tanto es así que no descartan organizar una marcha y paralizar el país, como ya hicieron en el pasado.

UN ASESOR «VALIOSO»
En defensa del ex juez salió ayer el Gobierno colombiano. En una nota, su presidente expresaba su «especial agradecimiento» a Garzón y reiteraba su «confianza» en él. Y añadía que, una vez finalizado su trabajo como asesor en el proceso de paz, el Gobierno estudiará otros frentes de trabajo en los que pueda seguir contando con su valiosa colaboración».
- Más allá de sus clientes en Suramérica (México, Colombia, Ecuador...), el ex juez ha sido asesor de la Corte Penal Internacional en la Haya; conferenciante en Harvard, y, hasta 2013, será miembro del Comité de Prevención de la Tortura en Estrasburgo.