La euroorden para maltratadas que promueve España sin apoyos

La reciente decisión del nuevo Gobierno holandés de retirar el apoyo a la euroorden impedirá con toda probabilidad su aprobación pese al apoyo de la Eurocámara, según han informado fuentes europeas.

Los ministros de Justicia de los Veintisiete podrían decidir en la reunión que celebran el viernes si aparcan definitivamente el proyecto o hacen un último intento de alcanzar un acuerdo.

El objetivo de la propuesta española era que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade.

El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.

El pasado junio, España logró el apoyo a su propuesta de 16 países: Francia, Finlandia, Bélgica, Portugal, Suecia, Chipre, Italia, Luxemburgo, Polonia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Malta, Rumanía, Bulgaria y Estonia. Sin embargo, una minoría de bloqueo de siete Estados miembros -Alemania, Reino Unido, Austria, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría- impidió su adopción.

España esperaba que Reino Unido abandonara el proyecto acogiéndose a su excepción (opt-out) en materia de justicia e interior, lo que le permitiría lograr una mayoría suficiente para aprobar la euroorden de protección para víctimas. Pero con el cambio de postura del Gobierno holandés ya no tiene los apoyos necesarios para seguir adelante.

La comisaria Reding ha sido la principal opositora al proyecto español y mantuvo broncos enfrentamientos con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la presidencia española. Reding ha presionado a los diferentes Gobiernos, entre ellos al holandés, para que no apoyaran a España, según las fuentes.

La responsable de Justicia se opone a la propuesta española por considerar que utiliza una base jurídica inadecuada. A su juicio, ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó incluso con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si finalmente se aprobaba.