BARCELONA- La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender cautelarmente parte de los artículos del reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lleida, ha introducido el debate lingüístico en la precampaña electoral. Todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, que impugnó el reglamento, criticaron ayer la decisión judicial. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, no afinó cuando dijo que la resolución se circunscribe en un clima preelectoral.
La reacción del alcalde a la sentencia fue escueta. En un desayuno de trabajo en Madrid, se limitó a decir que la suspensión cautelar de siete artículos del reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona no tendrá trascendencia alguna. «La acataremos y recurreremos la decisión», admitió.
Además de recurrir la resolución judicial, el gobierno municipal –PSC e ICV– presentará mañana en el pleno una declaración institucional para defender la validez del reglamento. Con toda probabilidad se sumarán ERC y CiU, que en su día impulsó la normativa. El presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, se mostró mucho más beligerante que el alcalde. Igual que hizo el primer edil en Madrid, recordó que en Cataluña no hay ningún conflicto lingüístico. Trias admitió que está cansado de tener que «pasarme el día pidiendo perdón por hablar catalán».
Desde el PP, Alberto Fernández, instó a los grupos municipales a respetar la ley. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camcho, que ayer compartió «bolo» con el líder municipal, añadió que su partido recurrirá a los tribunales siempre que haga falta para garantizar el bilingüismo en la administración.
Ciutadans fue más fiero y calificó de antidemócratas a los que dicen que no aplicarán la resolución judicial. Como, por ejemplo, en conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras (ERC), que es partidario de no acatar nada que derive de la sentencia del Estatut. El magistrado que emitió la resolución, basa su actuación en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y concluye que el reglamento contiene mandatos «cuyo significado excluyente del castellano es manifiesto».

Los partidos desafían la ley
Las reacciones a la resolución judicial traspasaron la frontera municipal, dando la razón a Hereu acerca de que el clima de precampaña electoral ha amplificado el debate. El candidato de CiU, Artur Mas, llegó a hablar de que la decisión judicial supone una «auténtica cruzada para criminalizar el catalán». Mas animó a los catalanes a plantar cara a una resolución que, a su entender, «tiene voluntad de erosionar los signos identitarios del país». Desde ERC, Joan Puigcercós reclamó un pacto político para asegurar la subsistencia del catalán. Y Josep Lluís Carod-Rovira advirtió de que se está alimentando un problema de convivencia lingüística que no existe.