El Síndic alerta de «malos tratos» en el Centro de Extranjeros de Zona Franca

BARCELONA- El Síndic de Greuges alertó ayer que en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona se dan condiciones para que pueda haber malos tratos, como el hacinamiento de internos. Ante esta advertencia, el Síndic, Rafael Ribó, pidió actuar con urgencia para que no se convierta, sin serlo, en un centro penitenciario.

Tras entregar en el Parlament el informe anual sobre la tortura, que Ribó ha elaborado en su condición de Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, pidió «subsanar con urgencia» la situación de este centro de internamiento de extranjeros al que no se le ha permitido el acceso. Pese a que no ha podido entrar ni ha recibido información oficial por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña, «está más que demostrado que existen condiciones que seguro que permiten la existencia de malos tratos», explicó.

A raíz de las múltiples quejas recibidas sobre el trato a los internos, algunos de los cuales protagonizaron huelgas de hambre, y tras el fallecimiento de uno de los inmigrantes, Ribó se dirigió al entonces Delegado del Gobierno, Joan Rangel, para pedirle información sobre la situación del centro de la Zona Franca. Sin embargo, según el Síndic, Rangel no sólo no le autorizó a visitar el centro, ya que necesita un convenio con el Defensor del Pueblo que es el competente en esta materia, sino que le respondió con el «silencio más absoluto», lamentó Ribó.
«Me constan indicios, quejas y suposiciones suficientes para afirmar que está más que demostrado que en el centro de la Zona Franca existen déficits, como en el área de alimentación y sobre todo por el hacinamiento de los internos», afirmó Ribó.

 A diferencia del centro de la Zona Franca, para realizar el informe anual sobre la tortura, Ribó no tuvo ningún obstáculo para visitar sin previo aviso 17 instalaciones, como centros penitenciarios, comisarías de policía y centros de justicia juvenil y de protección de menores, para tratar de hallar fallos y proponer medidas para evitar posibles malos tratos.

El Síndic pudo constatar insuficiencias en el sistema de videovigilancia en las cárceles y en la identificación de los funcionarios de prisiones. Por lo que pidió cámaras en las prisiones y en los furgones policiales para «proteger los derechos individuales y garantizar la seguridad de los internos y de los profesionales». Además alertó que en los centros juveniles la seguridad la llevan a cabo empresas de seguridad privada sin formación específica