Sólo País Vasco y Cataluña se niegan a cerrar sus «embajadas»

Madrid- Cataluña y el País Vasco son las únicas comunidades autónomas que hasta ahora no han manifestado al Gobierno su voluntad de integrar sus oficinas comerciales en el exterior en la red estatal, según dijo ayer el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, tras firmar un convenio con el consejero de Economía de Aragón, Francisco Bono, por el que se integrarán en la red estatal las oficinas comerciales de esta comunidad en Bruselas y Shanghai.
El Ministerio de Economía y Hacienda propuso en febrero de este año a las comunidades autónomas unir en la red comercial del Estado las oficinas de los gobiernos regionales en el exterior, con el fin de ahorrar gastos y mejorar la «Marca España». El secretario de Estado explicó que la «inmensa mayoría» de las autonomías «están colaborando» con esta propuesta del Ejecutivo central. Este proceso está ya en marcha en varias comunidades, entre ellas, la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Al final del verano se concretarán también convenios con Cantabria, Canarias, Andalucía y la Comunidad de Madrid. En el caso de estas comunidades, la negociación sera de otro tipo ya que no se negociará directamente con la administración pública, como comentó el secretario de Estado de Comercio.
Asimismo, especificó que existen otras autonomías que no disponen de red comercial fuera de las fronteras de nuestro país, como es el caso de regiones como Murcia, Baleares, La Rioja, Navarra, Asturias y Extremadura. Hasta ahora, continuó García-Legaz, Cataluña y el País Vasco son las únicas autonomías que «no han manifestado su voluntad de incorporar sus oficinas» a la red estatal.

Prioridades
En este sentido, precisó que el Ejecutivo Central dará «prioridad de atención» a las empresas de aquellas autonomías que han firmado convenios de colaboración con el Estado. Por lo tanto, aquellas comunidades autónomas que decidan quedarse fuera de este tipo de acuerdos «estarán en un segundo orden de prioridad a la hora de atender la demanda de las empresas», porque se entiende que serán las propias oficinas autonómicas las que «tengan que dar, en primer lugar, servicio» a sus delegaciones comerciales.

Cataluña insiste en que «no aceptará condicionantes políticos»
 Ayer se respiraba un ambiente enrarecido en el Parlamento de Cataluña por la resaca de la celebración del Pleno que acabó aprobando el pacto fiscal. Lo mismo les ocurría a los miembros del Gobierno de Artur Mas. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, que intervino en la presentación de la «Memoria económica de Cataluña 2011», editada por la Cámara de Comercio, tuvo que afrontar preguntas sobre el rescate que la Generalitat, más temprano que tarde, pedirá al Gobierno central. ¿Cuándo? «Cuando exista la fórmula para hacerlo», avanzó.
Sobre la polémica de llamar o no rescate a la posibilidad de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, el consejero sólo hizo un inciso: «Cataluña no aceptará condicionantes políticos». Ante el puñado de reproches que el Gobierno y otras comunidades autónomas lanzaron a Artur Mas por «vender» que el pacto fiscal es una solución a la crisis, Mas-Colell sacó pecho: «El pacto fiscal es una forma de decir que nadie escribirá el guión de Cataluña, lo haremos nosotros».