Gallardón suprimirá la «exención» penal de la que gozan partidos y sindicatos

MADRID-La última reforma del Código Penal, aprobado por el Gobierno socialista en 2010, incluyó un precepto en el que se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando el delito se cometa «en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores». Sin embargo, a la vez, se fijan algunas excepciones, entre ellas las que afectan a sindicatos y partidos políticos, los cuales son «inimputables» penalmente, es decir, no se les puede exigir responsabilidad penal como personas jurídicas que son.

El Gobierno está decido a poner fin a este privilegio, para lo cual prevé reformar el mencionado precepto del Código Penal o introducir esa responsabilidad penal en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este anuncio fue realizado ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, para que se excluyese de las listas electorales a quienes estuviesen imputados.

Para el ministro, se trata de una medida exigente y transparente que está orientada a hacer imposible el hecho de que la mal llamada clase política, y los organismos que la estructuran, sean percibidos como algo distinto a la sociedad o amparados por privilegios de los que ésta carece, y que lo mismo suceda con los representantes de los trabajadores.

Junto a ello, recordó que en 2011, el Grupo Popular presentó una enmienda para que partidos y sindicatos tuviesen que rendir cuentas como personas jurídicas, aunque esa propuesta fue entonces rechazada por el PSOE.

En cuanto a la exclusión de las listas electorales de imputados, Gallardón señaló que tal posibilidad no es compatible con la presunción de inocencia.

Por otro lado, La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer la subida de tasas judiciales, aunque finalmente se reducen en un 60 por ciento de las inicialmente previstas para los trabajadores, ya sean por cuenta propia o autónomos, en la interposición de recursos de casación. Los representantes del PSOE, CiU, Izquierda Plural, PNV, UPyD y Grupo Mixto abandonaron la sesión en protesta por la «velocidad» con la que se tramitaba la ley.