La cifra prevista es de 371.700 millones de euros, a los que habrá que sumar otras partidas suplementarias por valor de 15.200 millones para actuaciones fuera de la PAC, pero relacionadas con esta política. Sin embargo, al tener en cuenta la inflación, sobre la base de una previsión del 2% anual, habrá un recorte real de ese dinero, especialmente en el capítulo denominado ayudas directas y medidas de apoyo a los mercados. Según un informe del Ministerio de Economía, se registrará un descenso del 16,2%, pasando de los 336.685 millones de euros del actual marco presupuestario a 281.825 millones –54.860 millones menos– para el periodo.

Por este motivo, la política de desarrollo rural también sufrirá una rebaja. Según el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, con este dinero se mantendrá la capacidad de la UE para «actuar con fuerza y con una voluntad clara: permitir a este sector estratégico hacer frente a los grandes desafíos». Ahora habrá que esperar a que la CE presente su propuesta sobre la reforma de la PAC durante el último trimestre del año. No obstante, en el «papel» de la semana pasada ya se avanzan algunos de los puntos más importantes sobre el reparto de los fondos. El primero, que el 30% de las ayudas directas y del pago único estará supeditado a requisitos medioambientales nuevos, conocidos como el reverdecimiento de la PAC. Asimismo, se plantea que los beneficiarios de las ayudas sean los agricultores activos y que se fije un límite máximo para los apoyos en cada explotación.