Japón aprueba un límite de 40 años para sus plantas nucleares

El proyecto de ley aprobado por el Gabinete nipón, que pasa ahora al Parlamento, pretende reforzar la seguridad de las centrales de Japón tras la crisis nuclear desatada en marzo en la planta de Fukushima Daiichi, la peor de los últimos 25 años.

La medida, que restringe por primera vez en el país asiático la vida operativa de los reactores atómicos, establece que podrán funcionar 40 años con la posibilidad de que ese periodo se extienda, de forma excepcional, hasta un máximo de otros 20 años.

Antes de conceder esa prórroga extraordinaria, el Gobierno nipón revisará el grado de desgaste de los reactores y la capacidad tecnológica de la empresa operadora para garantizar su mantenimiento.

De los 54 reactores de uso comercial que existen en el archipiélago nipón hay tres que ya tienen al menos 40 años (entre ellos el número 1 de la accidentada planta de Fukushima) y otros muchos están a punto de alcanzar esa edad.

El plan del Gobierno también exige a las operadoras de las centrales que adecúen sus medidas de prevención ante la posibilidad de que una catástrofe pudiera dañar sus reactores.

Además, les exhorta a tomar medidas contra la emisión masiva de sustancias radiactivas al ambiente en caso de accidente y evitar casos como el de Fukushima, que llegó a emitir 800 billones de becquereles por hora inmediatamente después de la catástrofe de marzo.

El proyecto de ley propone también crear un órgano de control que dependerá del Ministerio de Medio Ambiente y sustituirá a la actual Agencia de Seguridad Nuclear (NISA), dependiente del Ministerio de Industria y muy criticada por su defensa de la energía atómica.

La aprobación del plan del Gobierno coincidió con la entrega a las autoridades nucleares de un informe preliminar elaborado por un equipo del OIEA al término de una misión de nueve días, en la que han evaluado las pruebas de seguridad en las centrales niponas.

El equipo, encabezado por James Lyons y formado por una decena de expertos, avaló y se mostró "muy impresionado"por el trabajo realizado por la NISA y por las operadoras de las centrales a la hora de aplicar las pruebas de resistencia sobre los reactores.

Pese a ello hizo algunas recomendaciones, como la necesidad de mejorar la comunicación de las operadoras con los ciudadanos y otras partes interesadas a fin de fomentar el diálogo y la transparencia.

También instó a que la segunda fase de las pruebas de resistencia amplíe los llamados "márgenes de seguridad sísmica", es decir, que tenga en cuenta la posibilidad de que se produzcan terremotos de intensidad mayor de la esperada, y aborde de forma más exhaustiva las medidas de gestión de accidentes graves.

Durante su misión la delegación visitó la central de Oi (centro de Japón) para inspeccionar el resultado de las pruebas sobre los reactores 3 y 4 de la planta, detenidos por revisión rutinaria.

Los expertos se mostraron satisfechos por el trabajo en la central, aunque descartaron pronunciarse sobre la conveniencia de su reapertura: "Es una decisión que debe tomar el Gobierno de Japón, no nosotros", dijo Lyons en una rueda de prensa en Tokio.

Actualmente 51 de los 54 reactores de Japón están detenidos por seguridad o por mantenimiento, lo que ha obligado a aumentar la actividad de las centrales térmicas de un país que antes del accidente obtenía el 30 por ciento de su energía de las plantas nucleares.

Ninguno de los reactores parados tiene autorización para reanudar sus operaciones hasta que no supere las pruebas de resistencia y obtenga el visto bueno de las administraciones locales, hasta ahora contrarias a su reactivación.

El Instituto nipón de Economía Energética predice que, en caso de que no se reinicien los reactores parados, Japón sufrirá un déficit energético de al menos un 7 por ciento este verano, uno de los periodos de mayor consumo.