El Govern mantendrá los recortes al arrojar la auditoría un déficit del 42%

BARCELONA – A la Generalitat se le complica el trabajo para cumplir con el objetivo de déficit del 2,66 por ciento para 2011, que ya dobla lo que le exige el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La auditoría externa que el equipo de Artur Mas encargó a Deloitte, tras relevar al tripartito, eleva el déficit de 2010 hasta el 4,22 por ciento del PIB catalán. Son cuatro décimas por encima de la estimación que hizo el gobierno de CiU y 1,8 puntos más de la previsión que, en noviembre de 2010, hizo el entonces conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells.

El actual titular de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, explicó ayer el porqué de esta diferencia, que sitúa las pérdidas de la administración catalana en 8.352 millones de euros a 31 de diciembre de 2010. Señaló que la auditoría recoge la última cifra de déficit que maneja la Intervención General del Estado (IGAE), que obliga a computar la venta de estaciones de esquí, diversas aportaciones al Institut Català de Finances y varias concesiones de la L9 del metro de Barcelona.

96 años para pagar la deuda
La L9 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Generalitat. Además de suponer dos de las cuatro décimas de déficit de más que ha encontrado la auditoría –400 millones–, Mas-Colell señaló que la deuda que el Govern ha contraído para construir la L9 acabará de pagarse en 2107.

Esta infraestructura tiene incidencia en los cuatro problemas que, según la auditoría, ha heredado la Generalitat. Para empezar, el anterior gobierno se gastó más de los que se ingresó, sobre todo en sanidad e infraestructuras. «Una de cada tres euros que se gastaron en 2010 no tenía cobertura de impuestos detrás», señaló Mas-Colell, tras lo que lamentó que en 2012, el Govern tendrá que hacer frente a un pago de 766 millones sólo de intereses. Aunque evitó culpar a la gestión del tripartito de la delicada situación financiera que atraviesa la Generalitat, la auditoría revela que el anterior gobierno aplazó el pago de facturas en 2010 por valor 1.766,9 millones para 2011.

En segundo lugar, el tripartito dejó un «volumen importante» de gastos pendientes de aplicar en los presupuestos. Además, el ritmo de endeudamiento era insostenible y hay compromisos de pago a largo plazo, a 96 años, que los biznietos de Artur Mas nacerán hipotecados.

Los gastos aplazados suman más de 54.000 millones, más de 28.000 millones corresponden a obras públicas, aunque en muchos casos conciernen a alquileres y servicios y no a obras. Pero lo que le preocupa a Mas-Colell, no es que sus tataranietos tengan que pagar este «crédito», sino que estos pagos aplazados comprometen el margen de maniobra de la Generalitat de los próximos años, que es cuando se ha de liquidar el montante más elevado. En 2011, hay que pagar 4.300 millones de pagos pendientes y, en 2012, 3.290 millones.

Pese a ser compromisos «pesados», Mas-Colell aseguró que son «reconducibles». Y como muestra avanzó que «este año, la cifra total de plurianualidades se ha reducido en 2.400 millones de euros». Aunque confirmó que la política de recortes y contención seguirá en 2012, aseguró que no subirá impuestos. Presentará la auditoría en el Parlament.

Propuestas para reconducir el gasto
- La consultora Deloitte ha realizado una auditoría por encargo de la Generalitat para hacer una fotografía ajustada de la situación financiera «no para buscar irregularidades», subrayó el conseller de Economía.
- En el informe no afloran irregularidades de tipo contable, pero sí incluye recomendaciones que Mas-Colell se prestó a analizar.
- Por ejemplo, recomienda al Govern replantear su presencia en el territorio para reducir gastos.
- Propone analizar los convenios laborales de personal de los departamento, entidades y centros no administrativos para identificar oportunidades de racionalización a través de legalizar la movilidad del personal en el territorio.
- Insta a analizar el sistema de subvenciones y ayudas.
- Señala que aún pueden realizarse ajustes en las conselleries de Agricultura, Ganadería y Pesca; Bienestar Social y Cultura.
- Sugiere aplicar el copago sanitario.