MADRID- Un aforo aparentemente sobrepasado, dispositivos de seguridad y de emergencias que no evitaron la tragedia, falta de control en la entrada de menores... Las pistas de lo que sucedió la madrugada del miércoles en el Madrid Arena y los testimonios de las personas que participaron en la macrofiesta dibujan un escenario en el que casi todo falló. Pero el debate, por lo menos a nivel político, se centra ahora en saber si se cumplió la Ley. Ayer, el portavoz del Gobierno de la Comunidad, Salvador Victoria, reclamó que «se depuren responsabilidades a todos los que han violado la ley de espectáculos y sus estrictos requistos». A través de su cuenta de Twitter, el también consejero de Presidencia y Justicia recordó que la citada normativa establece de manera estricta una serie de condiciones de obligado cumplimiento en materia de «aforo, menores, objetos peligrosos, seguridad y control de accesos».

La Ley de Espectáculos Públicos recoge en su artículo 8 que los locales y establecimientos regulados «necesitarán previamente a su puesta en funcionamiento la oportuna licencia municipal de funcionamiento». Del mismo modo, subraya que «los ayuntamientos deberán efectuar la previa comprobación administrativa de que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia y de que, en su caso, las medidas correctoras adoptadas funcionan con eficacia». Una modificación de esta norma, efectuada en octubre de 2011, asigna a los consistorios la potestad de sancionar a los espacios que no cumplan con los requisitos de seguridad necesarios. Hasta entonces, esa función estaba asignada al Gobierno regional.

Lo que se argumenta desde el Ayuntamiento de la capital es que el Madrid Arena está englobado en el Catálogo de Bienes e Inmuebles del consistorio de la capital. Algo que, en virtud del artículo 151 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid –aprobada en 2001– le exime de tener que contar con licencia urbanística y de funcionamiento «de ningún tipo».

La petición de Salvador Victoria de que se depuren las responsabilidades pertinentes llega dos días después de que la alcaldesa de la capital, Ana Botella, subrayara en una comparecencia ante los medios la certeza de que el Ayuntamiento había actuado respetando escrupulosamente la normativa en cuestión: «Creo sinceramente que hemos actuado conforme a la legislación vigente y cumpliendo con nuestro compromiso». Lo que sí defendió Botella fue la necesidad de «hacer una reflexión y saber cuáles deberían ser las normas para que no se vuelva a repetir lo que ha ocurrido». Un cambio, no obstante, que, en palabras de la alcaldesa, debería llevar a cabo el Ejecutivo regional.

El espacio está regido por el artículo 4.E de la orden municipal que tramita las licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. De tal forma que el Madrid Arena, al integrar la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, está acogido a estos regímenes legales, por lo que no precisa, según fuentes municipales, de la licencia para funcionar.

En lo que respecta al dispositivo de la Policía Municipal, el consistorio argumenta que se activó el correspondiente –el máximo– a todos los actos a los que acuden más de 5.000 personas. Se realizó la inspección previa y se mantuvo el contacto durante el evento con los responsables de la seguridad interior, que, en ningún momento, alertaron de un riesgo para los asistentes a la macrofiesta.