Respeto constitucional

José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla se reunirán este miércoles para escenificar un consenso sobre cómo afrontar la crisis del Estatut. Ambos comparten la estrategia a seguir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno lo avanzó en el Debate sobre el Estado de la Nación y José Montilla lo refrendó después. Entonces, Zapatero se comprometió a abordar por vías legislativas los aspectos inconstitucionales de la norma estatutaria, porque, según dijo, «el Gobierno no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta». Era un guiño especialmente dirigido a los socialistas catalanes, pero también a los grupos nacionalistas que han sostenido al Ejecutivo en el Parlamento y cuyos votos podrían ser decisivos en trámites cruciales como los Presupuestos Generales del Estado. Otro gesto de complicidad fue la resolución que el grupo socialista registró en el Congreso «reafirmando» la «realidad nacional catalana tal y como se expresa en el preámbulo del Estatut», y que tiene «perfecta» cabida en el marco político y jurídico definido por la Carta Magna. No hay duda de que el presidente, consciente de lo que se juegan los socialistas en esa comunidad, de su peso en la vida nacional y en las elecciones y de la trascendencia de no abrir más frentes a un Ejecutivo vulnerable, parece decidido a colar por la puerta de atrás el Estatut original sin los recortes del TC. LA RAZÓN adelanta hoy que Montilla reclamará el miércoles intervenciones legislativas en una docena de campos, con un peso principal para el Poder Judicial en Cataluña y lo referido al Preámbulo y a la nación catalana, que fueron los apartados más afectados por la sentencia. La pirueta socialista no casa con el respeto debido a las resoluciones de los tribunales en un Estado de Derecho. Nos parece aún más grave cuando el órgano implicado es el máximo intérprete de la Carta Magna. El todo vale para cumplir los objetivos de partido es un mensaje muy negativo para la sociedad. Los responsables políticos no pueden instalarse en la desobediencia hacia los tribunales ni pueden declararse en rebeldía cuando un fallo no conviene a sus intereses. El deber de las administraciones no pasa por actitudes irredentas o por manipular las reglas de juego con una política de hechos consumados, como aquí se propone, sino en dar ejemplo a una sociedad que demanda líderes en los que se pueda confiar en tiempos de adversidad. Entendemos y defendemos el derecho del presidente de la Generalitat y de los políticos nacionalistas a pedir un cambio en la Constitución, porque ésta no encaje en sus proyectos; no lo compartimos, aunque defendemos que puedan hacerlo, pero sortear y ningunear el dictamen del Tribunal Constitucional es confundir la democracia con otra cosa. Existe un fallo que todos debemos acatar, guste más o guste menos, y que las administraciones están obligadas a cumplir con el consiguiente efecto sobre leyes ya aprobadas emanadas del Estatut y que tendrán que ser revisadas. Eso es lo que dicta el rigor y el sentido de Estado. Lo otro es que las instituciones se echen al monte, y ese tránsito nunca sale gratis.