Una empresa recibió dos ayudas de la «trama de los ERE» en seis meses

La primera de ellas es de 28 de abril de 2008. La Junta de Andalucía se comprometió a pagar 2.408.522,66 euros para financiar la póliza de prejubilaciones de 24 trabajadores de la empresa. Los pagos se realizarían con fecha 1 de julio de ese mismo año y del siguiente. El documento está firmado por Francisco Javier Guerrero. La empresa completaría esta cantidad con 360.000 euros.

En esta póliza –número 3.644 suscrita con la compañía Apra Leven– aparece como uno de los 24 beneficiarios Jorge Andrés Morell Villete, por entonces uno de los administradores de la empresa familiar. En el estudio de las prejubilaciones aportado en el expediente, el coste de la prima para esta prejubilación es de 570.961 euros y está fechado el mismo día que la resolución del ex director general: 28 de abril.

Pese a estas contradicciones, la empresa siguió teniendo hilo directo con los responsables del «fondo de reptiles». El cese de Francisco Javier Guerrero –un día después de autorizar el pago de los 2,4 millones para las 24 prejubilaciones– no fue un problema, ya que el siguiente expediente de ayuda sociolaboral lo firmó su sustituto en el cargo, Juan Márquez Contreras.
En este caso, el convenio suscrito entre la sociedad y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo es de 27 de octubre de 2008. La cuantía es menor –440.000 euros– pero no se destinan a pagar prejubilaciones. El objetivo ahora es el apoyo «a su proyecto de viabilidad» y se cargan a la aplicación 31.L.

Pese a aligerar su plantilla, Aglomerados Morell tenía por entonces graves problemas de liquidez, después de acometer en septiembre de 2007 el traslado de sus instalaciones desde Santiponce a Villanueva del Río y Minas. Entre las cláusulas para justificar esta nueva subvención, las partes exponen que la empresa ha apostado «por la formación y contratación de trabajadores». De hecho, se cita expresamente que han pasado a formar parte de la plantilla 20 personas «casi todas ellas trabajadores de la zona de la Vega Alta de Sevilla». Es decir, que seis meses después de prejubilar a 24 empleados con ayuda de fondos públicos, la misma empresa contrató a otros 20 y recibió un nuevo incentivo para consolidar el proyecto.