Un prejubilado socialista recibió 450000 euros tras una visita de Javier Guerrero

Sevilla- Las declaraciones de dos «intrusos» amigos del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, ante la juez Mercedes Alaya, ilustran claramente lo fácil que era obtener prejubilaciones cinco estrellas si se tenían buenas relaciones con el ex alto cargo del Gobierno andaluz.
El militante socialista de El Pedroso Alejandro Millán relató ayer en el juzgado que, después de sufrir un infarto en el año 2005, recibió en su domicilio la visita de Guerrero, que se interesó por su salud. Ambos vivían en el mismo inmueble del municipio sevillano. El ex director general de Trabajo –atendiendo al relato del imputado al que ha tenido acceso este periódico– se extrañó por que sólo le quedó de paga de incapacidad –con grado de minusvalía del 33%, lo que le permitía seguir trabajando– unos 545 euros. Inmediatamente el alto cargo de la Junta le arregló la documentación y le granjeó un pensión de oro al meterlo como intruso una empresa.
Alejandro Millán recibió una póliza de prejubilación, «a sabiendas de que no tenía derecho a ello», de 455.508 euros, a razón de 1.803 euros al mes y con una liquidación de 272.612 euros, que recibió de un solo pago en junio de 2010. La cuantiosa prejubilación la compatibilizó con el cobro de los más de 500 euros de paga de invalidez y con los ingresos que sigue percibiendo por una empresa de electricidad a medias con su cuñado –M. Intrabel S. L– , que cuenta con otros cuatro empleados y factura entre 230.000 y 240.000 euros, según reconoció. Se entiende que calificara ayer a Guerrero como «amigo y más que amigo» a lo que añadió que «hay un antes y un después» en su relación con el ex director general de Trabajo.
Millán alegó que «no se planteó la ilegalidad de la ayuda, pues se la estaba ofreciendo un alto cargo de la Junta». E incluso pensó al ver la elevada cantidad que «se estaba haciendo justicia» con él. «Era oficial de primera y encargado de una empresa de electricidad, metiendo hilos, cables, subiéndose a los postes. Su trabajo implicaba esfuerzo físico», argumentó en el juzgado. A la pregunta de por qué no se dio de alta como demandante de empleo, pese a obtener una declaración de incapacidad que le permitía seguir en el mercado laboral, fue muy claro: «Sabía que podía trabajar en otra actividad distinta pero estaba bastante fastidiado».
El caso de Rafael Ruiz sigue el mismo patrón. El imputado llamó por teléfono a Guerrero para pedirle una ayuda tras quedarse en el paro. Antes había trabado amistad con el ex director general de Trabajo al coincidir con él en las fiestas de El Pedroso y en sucesivas «celebraciones». Según dijo, «Guerrero es muy hablador y charla con todo el mundo». Ruiz no tuvo ni que desplazarse a Sevilla. El directivo de Vitalia Jesús Bordallo –también imputado– se trasladó hasta Córdoba, se tomaron un café y le dio la documentación. Ha cobrado 153.000 euros de prejubilación, más un subsidio para mayores de 52 años de 426 euros al mes y una prestación por desempleo de 980 euros. Además, se embolsó 15. 000 euros de indemnización por despido.