Otra derrota para Pajín

Tenía tanta prisa el Gobierno por su ley de derechos de la persona en el proceso final de la vida que la mandó a un Consejo Interterritorial de Salud en funciones y olvidó remitirla al Consejo de Estado, por no molestar a los jubilados socialistas con los que han rellenado el número de los consejeros.

La Razón
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No se entiende que la «importantísima norma para garantizar derechos fundamentales» no merezca el estudio sosegado e informado de la sociedad y de los órganos asesores. Para el Ejecutivo, tanto el Parlamento como los órganos asesores del Estado, parecen un mero incordio temporal para sus propósitos. Ahora la Mesa del Congreso se ha mostrado poco receptiva a las prisas de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y se ha negado a la tramitación de urgencia, recordando, de paso, cuál es el trámite normal de las leyes.

Es indudable el peso que ha tenido en varios grupos parlamentarios la unánime crítica de las asociaciones profesionales. La oposición tiene ahora un camino claro: presentar como alternativa una verdadera ley de cuidados paliativos. Mientras tanto, y como mal menor, puede enmendar la que se proyecta con las 36 observaciones presentadas tanto por la Organización Médica Colegial como por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

Un modelo de inspiración autonómica
Andalucía (en la imagen, su presidente José Antonio Griñán) fue la primera comunidad autónoma que aprobó por unanimidad, en marzo de 2010, el derecho a una muerte digna. Le siguió Aragón que, en marzo de este año, aprobó una ley autonómica similar, sin embargo, en esta ocasión, el Partido Popular no apoyó la propuesta.