Más que cosmética

Muy procedentes las reflexiones de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a propósito de la situación de la justicia española. El co-pago que proponen para evitar el colapso de los tribunales es una figura novedosa que merece ser debatida y no rechazada de antemano. La otra cuestión central que plantean es la de la politización de la justicia, acentuada en los ocho últimos años por ministros como Fernández Bermejo o Caamaño. Tienen los ciudadanos la sensación de que, cuando median intereses partidarios, es difícil que se impongan los criterios profesionales. Algo que por desgracia hemos tenido ocasión de constatar en sentencias referidas cuestiones autonómicas o que afectan directamente a los gobiernos o los partidos.
La recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para aquellos casos en los que, como el del estatuto catalán, la aprobación definitiva se tiene que culminar con la celebración de referendos, no sólo es procedente sino necesaria, pues lo contrario podría significar la contraposición de la acción de los jueces al resultado de la consulta.
En el chequeo a la justicia que propone la APM se echa en falta la mención a la necesidad de que las competencias judiciales no estén tan divididas como en la actualidad. Hay gobiernos autonómicos que quieren devolver al Estado las transferencias recibidas, oportunidad que habría que aprovechar para reordenar un ámbito que necesita mejoras mucho más allá de lo meramente cosmético.