Las autonomías se niegan a pagar los tratamientos para dejar de fumar

Sin embargo, y a pesar de los informes favorables a esta medida, la mayor parte de las comunidades autónomas no pueden permitirse este «lujo». Luis Truán, responsable cántabro de Sanidad comentó a Efe que «no es el momento de incluir muchas más financiaciones» cuando toca apretarse el cinturón.

Como explicó a LA RAZÓN, María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el coste de los tratamientos que existen hoy para dejar de fumar oscila entre los 250 y los 300 euros por persona y suelen durar unos tres meses. A este gasto hay que añadir que su efectividad no está garantizada: «Tan sólo el 40 o el 50 por ciento de los fumadores se mantienen sin fumar un año después de la terapia», advierte Planchuelo.

Según los cálculos de este comité, la nueva norma provocará que un 10 por ciento deje de encender cigarillos. Un dato que apoya el incremento de productos milagrosos como el cigarrillo electrónico que sustituye la nicotina por vapor de agua. Su precio asequible, unos 15 euros, es una de las claves de su éxito y por ello, muchas farmacias han terminado con todo su «stock».

Reunión Interterritorial
Si los casi 12 millones de españoles que consumen cigarrillos decidieran dejarlo y la Administración Pública se hiciera cargo de sus tratamientos tendría que de-sembolsar 3.300 millones de euros. Este gasto recaería sobre cada comunidad autónoma y éstas no están dispuestas a invertir parte de su ajustado presupuesto para terminar con este vicio. La Consejería de Sanidad del Gobierno canario estaría dispuesta a costear los fármacos si se destina una partida específica de los Presupuestos de Sanidad a esta causa. La Junta de Castilla y León no acepta la iniciativa, ya que considera que el Gobierno central toma la decisión y luego le pasa la factura a las autonomías. No aceptan, dicen el «yo invito y tú pagas». A pesar de los 7.929 millones de euros que las arcas públicas ingresaron en 2010 gracias a los impuestos del tabaco y que se estiman puedan elevarse hasta los 8.274 millones en 2011, la recesión económica ha recortado los presupuestos de Sanidad y por ello, desde la Comunidad Valenciana consideran que «no se puede ampliar» la cartera de servicios de la Sanidad Pública. Los gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón coinciden en que es necesaria una financiación extra. Así, creen que debería analizarse en profundidad en el seno del Consejo Interterritorial. Tan sólo Cantabria facilita una cifra sobre la partida que su comunidad invierte en pacientes con problemas derivados del tabaquismo, alrededor de los 90.000 euros. En Extremadura, su Servicio de Salud reconoce que no pretende financiar los medicamentos que, en la actualidad, abonan los ciudadanos. Son pocas las comunidades dispuestas a sufragar las curas contra el tabaco. Madrid y Cataluña por ahora no se pronuncian y en Baleares creen que como «no todas las personas necesitan un medicamento para dejar de fumar», el Gobierno debería respaldar a aquellas corporaciones que ya desarrollan diversas actuaciones. En el País Vasco, a propuesta del PP, se aprobó una partida de 600.000 euros para formar al personal sanitario en la prescripción de estos fármacos que en Navarra, desde 2003, el Servicio de Salud preescribe gratuitamente. La Rioja asume el coste total de estas terapias, en las que ha invertido 1,3 millones de euros.

Cada comunidad desarrollará lo largo de los próximos meses los puntos más controvertidos de la nueva ley. No obstante, a lo largo de este primer trimestre se espera que Leire Pajín reúna a los representantes de las 17 autonomías para decidir qué hacer con la financiación de los tratamientos.