Aborto

Aído define el aborto como un «conflicto de intereses entre la madre y el no nacido»

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, apuntó hoy que el Gobierno entiende que en una cuestión como el aborto "no todo el mundo puede estar de acuerdo"y señaló que es un "conflicto de intereses"entre la madre y el no nacido. Así, la que calificó como nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Salud Sexual y Reproductiva, cuyo anteproyecto de ley estará listo "antes del verano"para su debate parlamentario, protegerá a ambos en dos fases diferenciadas por un punto de inflexión: la semana 22 del proceso de gestación. En una entrevista concedida a Europa Press, la ministra abordó las recomendaciones más polémicas del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo sobre la nueva ley del aborto, explicó su intención de llevar la salud sexual y la anticoncepción a las aulas para prevenir embarazos no deseados e incidió en la necesidad de alcanzar "suficienteconsenso"social y parlamentario. En este sentido, dijo que "será escuchado todo el mundo", pidió "prudencia y sosiego"a los grupos antiabortistas y explicó que se trabajará desde el "diálogo" con los progresistas porque son "conscientes"de que necesitan su "apoyo parlamentario para sacar adelante una ley de estas características". Concretamente, sobre el plazo de 22 semanas que recomiendan los asesores del Gobierno como fecha límite para interrumpir un embarazo en caso de riesgo mortal para la madre o malformaciones en el feto, Aído explicó que la idea parte de la Organización Mundial de la Salud, quien afirma que un feto puede vivir fuera del cuerpo de la madre a partir de esa fecha. Por eso, "en el primer periodo prevalecerá el derecho de la mujer y a partir de esa viabilidad fetal, el derecho del no nacido", ya que una vez rebasado este plazo, no se podría abortar, sino que se induciría el parto. Habría, según Aído, "una tercera casuística: el caso de que el feto sea incompatible con la vida". De ser así, se interrumpiría el embarazo "para no hacer sufrir a la mujer durante ese tiempo sabiendo que tiene un feto no viable". "Así es como está en la mayoría de los países europeos y así es como queremos que esté en la legislación española", apuntó Aído, quien incidió en que el objetivo de la nueva ley es proteger tanto a la mujer que decide interrumpir su embarazo como "al no nacido una vez que es viable y puede vivir con independencia de la mujer según criterios científicos y médicos", además de proteger al personal sanitario que tiene que llevar a cabo la "prestación".

"TANQUILIDAD", "SOSIEGO", "DIALOGO" En este punto se refirió a un aspecto peliagudo de la propuesta y que ha suscitado recelos entre los colectivos de personas con discapacidad: el aborto por malformaciones en el feto. "Pido tranquilidad y sosiego porque todas estas cuestiones serán elaboradas con la mayor prudencia", aseveró y reiteró su compromiso de "realizar una fase de consultas con los distintos organismos, instituciones y organizaciones que tengan interés en aportar sugerencias". No en vano, a la titular de Igualdad no se le escapa que necesita "el apoyo parlamentario para sacar adelante una ley de estas características y las recomendaciones de los expertos han recibido críticas por parte de grupos parlamentarios y asociaciones progresistas: "El Gobierbo entiende que en una cuestión como la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) no todo el mundo puede estar de acuerdo. Hay en ocasiones posturas extremas y entendemos que tenemos que legislar en función de los intereses de la mayoría", constató. En la otra cara de la moneda, sobre las campañas anunciadas por los grupos provida para facilitar información y relaizar concentraciones durante la primavera y una posible gran manifestación en otoño en Madrid, la ministra quiso lanzar un "mensaje de prudencia". "Pediría sosiego. Lo que queremos en una ley más segura que contribuya a solucionar muchos de los problemas de la ley vigente. Al igual que queremos proteger a las madres para que puedan realizar con mayores garantías la IVE, hay que tener en cuenta que también se va a proteger a los no nacidos desde el momento en que sean viables desde una perspectiva científica, lo que no está garantizado con la ley vigente", incidió.

TRES DIAS PARA PENSARLO CON "INFORMACION NEUTRAL" Otra de las recomendaciones de los expertos versa sobre la posibilidad de que a partir de los 16 años de edad, las menores puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno o de los tutores. Esta iniciativa supondría modificar la Ley de Autonomía del Paciente, que impone la autorización del tutor para los casos de interrupción voluntaria de embarazo. Sobre este asunto, Aído remarcó que de momento, se trata sólo de una recomendación, ya que el anteproyecto de ley del aborto no ha sido redactado y aseguró que "el Gobierno incluirá este aspecto en función de que se tenga el suficiente consenso para el mismo", ya que, como en el resto de preceptos, se requiere "un amplio consenso jurídico, médico y parlamentario"para que salga adelante. También incidió en que, conforme recomendaron los expertos, cuando una mujer quiera interrumpir su embarazo tendrá un "periodo de reflexión de tres días"durante los que recibirá "toda la información relativa a las ayudas existentes de apoyo a la maternidad y la información que se determine a estos efectos desde la perspectiva médica". Se tratará de "documentación"que contendrá "una información absolutamente neutral, aseguró.

EDUCACION SEXUAL EN LAS AULAS No es la única información que facilitará el Gobierno. Aído explicó que la nueva ley pretende abordar también la prevención de embarazos no deseados, para evitar que "la tendencia alcista se consolide"y que "haya el menor número de interrupciones con el mayor número de garantías posible". Así, aseguró que el Ministerio de Igualdad "ya está trabajando con Educación y Sanidad para realizar unidades didácticas y que llegue a las aulas la distinta información sobre la salud sexual y reproductiva y sobre los métodos anticonceptivos", aunque el grueso de las medidas en este sentido se adoptarán en el marco de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que persigue la cartera dirigida por Bernat Soria y que sucederá a la aprobación de la nueva ley del aborto.