Detenidos en Galicia tres jóvenes del entorno radical que iban a colocar una bomba

La Guardia Civil detuvo la pasada madrugada en la localidad coruñesa de Portosín a dos jóvenes que viajaban en un coche en el que llevaban un artefacto explosivo de «bastante potencia» y a primeras horas de la mañana de hoy detuvo a un tercer joven relacionado con los hechos, según informaron fuentes de la investigación. Los tres jóvenes están vinculados con el movimiento independentista radical y la Guardia Civil cree que podrían estar relacionados con los últimos atentados registrados en diversos puntos de Galicia. Las fuentes consultadas indicaron que el artefacto explosivo supone «un salto cualitativo» de la actividad del movimiento independentista en Galicia porque es «de una importante potencia y tenía un dispositivo temporizador».
Los dos primeros jóvenes detenidos, de entre 18 y 19 años de edad, estaban en un vehículo cuando un control rutinario de la Guardia Civil de Porto do Son (A Coruña) percibió una actitud «un tanto sospechosa» y les solicitó que se identificasen. Cuando procedieron a registrar el coche, en el maletero se encontraron el artefacto explosivo compuesto de varias bombonas de camping gas y con «una especie de reloj temporizador».
Posteriormente, a primera hora de la mañana de hoy fue detenido un tercer joven por su implicación en los hechos. Los dos primeros arrestados permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, donde prestarán la primera declaración, y a donde también está siendo trasladado el tercer detenido. No obstante, los agentes mantienen abierta la operación, que instruye la Audiencia Nacional, y no descartan que se produzcan nuevas detenciones.
Las fuentes consultadas indicaron que barajan la hipótesis de que el artefacto iba a ser colocado en una inmobiliaria de Portosín ubicada en las inmediaciones donde fue detenido el vehículo en el que viajaban los dos primeros detenidos, «teniendo en cuenta los precedentes» de bombas que explotaron en este tipo de negocios y en obras de construcción.
La Guardia Civil relaciona a los tres detenidos con los últimos atentados registrados en la comunidad gallega por las «similitudes de los artefactos y el modus operandi», aunque fuentes de la investigación puntualizan que en este caso, el artefacto explosivo supondría «un salto cualitativo» dado que tenía «una importante potencia». «Si llega a explotar, hubiera causado destrozos considerables», apuntaron las fuentes consultadas.
El pasado 16 de noviembre, un artefacto hizo explosión en una inmobiliaria ubicada en el barrio de O Forte, en el municipio pontevedrés de Cangas, sin que se produjesen víctimas, aunque sí cuantiosos daños materiales. La autoría de esta acción no fue reivindicada y aunque la línea de investigación que más peso cobró apuntaba al grupo independentista Resistencia Galega, no llegó a descartarse totalmente que se tratase de una venganza personal.
Ese fue el segundo artefacto explosivo que se registró en el municipio de Cangas, después de que el pasado 9 de mayo, artificieros de la Guardia Civil realizasen una detonación controlada de un explosivo hallado dentro de una olla exprés colocada en una construcción de la parroquia de Darbo.
En aquella ocasión, junto a la olla exprés que contenía un artefacto casero se encontró una nota que reivindicaba la autoría del grupo independentista Resistencia Galega, que a finales del mes de marzo ya habían utilizado un método similar en otra obra en construcción en la parroquia de A Ramallosa, en el municipio pontevedrés de Nigrán.
Posteriormente, el pasado 25 de septiembre, explotó en Mugardos, a unos 600 metros de Reganosa, otro artefacto con pólvora de feria que destrozó un contenedor y causó daños a dos viviendas situadas en el lugar de Os Novás, en la parroquia de Mehá.
La colocación de este artefacto fue reivindicada posteriormente por un comunicado anónimo escrito en gallego lusista y en el que se encuadraba esta acción «en las movilizaciones populares de protesta» contra la ubicación de la planta de gas en el interior de la ría de Ferrol y amenazaba con nuevas acciones contra las instalaciones, los grupos económicos y entidades que conforman su accionariado y sus responsables, entre los que aludía con nombres y apellidos a 12 directivos de la empresa y altos cargos de la Administración relacionados.