El CGPJ sólo suspenderá a Garzón si existe un auto de procesamiento o de apertura de juicio

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo suspenderá cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso de que el Tribunal Supremo dicte en su contra un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, informaron hoy a Europa Press fuentes de órgano de gobierno de los jueces. De esta forma, se rechazará la petición del sindicato Manos Limpias, que solicitó la suspensión cautelar del juez mientras la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo instruya la querella admitida hoy a trámite contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son) en relación con la causa que abrió por las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil Española y el Franquismo. La suspensión de las funciones de los jueces imputados en una causa penal está recogida en el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que ésta se producirá "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones"o "cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento". También se suspenderán las funciones de un juez en el caso de decretarse "un expediente disciplinario o de incapacidad, ya con carácter provisional, ya definitivo"o "por sentencia firme condenatoria en que se imponga como pena principal o accesoria la de suspensión, cuando no procediere la separación".

"PARA GARZON Y PARA EL ULTIMO JUEZ" "Este es el procedimiento que se sigue con el juez Garzón y con el último juez de instrucción de cualquier pueblo", destacaron fuentes del CGPJ, que añadieron que este mismo procedimiento se ha seguido en los últimos meses en casos como los de los jueces Tirado o Calamita. Además, las citadas fuentes destacaron que la querella admitida a trámite por el Supremo no cuenta con el aval de la Fiscalía y sólo está respaldada por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias.