El Gobierno confía en que todas las comunidades autónomas respalden el nuevo modelo

El Gobierno confió hoy en que todas las comunidades autónomasacaben aceptando el nuevo modelo de financiación --a pesar de las reticencias mostradas al respecto por el PP-- dado que traerá beneficios a todos los ciudadanos, informaron hoy fuentes gubernamentales. El modelo, que será remitido hoy mismo a las comunidades por la ministra de Economía, Elena Salgado, se someterá previsiblemente a aprobación por parte del Congreso de los Diputados el próximo mes de septiembre. El Gobierno considera que la gran mayoría de los grupos parlamentarios respaldará su aprobación, según estas fuentes, que confiaron en el apoyo de al menos Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Coalición Canaria (CC) y Bloque Nacionalista Galego. El Ejecutivo realiza, además, una lectura positiva de la oferta de pacto institucional realizada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en Euskadi, que espera se amplíe a la política nacional y se refleje en un respaldo de la formación a la nueva financiación. Según consideraron las citadas fuentes, el modelo, basado en garantizar inyección económica para los servicios fundamentales básicos de los ciudadanos --a los que irá destinado un 80 por ciento de la recaudación-- no repercutirá negativamente en la previsión de déficit ya que su impacto ha sido calculado con antelación. Salgado, compareció hoy en el Ministerio de Economía y convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que deberá aprobar dicho modelo, para el próximo día 15 de julio. La ministra indicó que la propuesta, es el resultado de una "búsqueda de consenso", ya que se han mantenido más de 100 reuniones con representantes de todas CC.AA., al tiempo que destacó que este esfuerzo "intenso"es fruto del trabajo que se llevó a cabo bajo la dirección del ex ministro de Economía Pedro Solbes. Salgado explicó que el "objetivo y la razón"para modificar el sistema actual es que no actualizaba correctamente la población, a pesar de que ha crecido entre 1999 y 2009 en más de 6 millones de habitantes, y tampoco garantizaba la financiación de los servicios públicos como la sanidad y la educación.