El Gobierno prepara una ley que contempla el aborto libre durante los 4 primeros meses del embarazo

Este Comité de Expertos, constituido a principios de septiembre con el objetivo de reformar la actual legislación sobre la interrupción voluntaria de la gestación, también propondrá que a partir de las semanas 14 ó 16 se pueda abortar «en caso de malformación o enfermedad en el feto y en caso de que el embarazo suponga un riesgo para la salud de la madre». Para acogerse a estos supuestos, será imprescindible «un dictamen médico».
Estas mismas fuentes indicaron que el equipo de trabajo, que se ha reunido en cuatro ocasiones, está todavía discutiendo si en el segundo supuesto se especificará «el riesgo para salud física y psíquica» de la madre o si simplemente se hablará de «riesgo para la salud» de la madre. Otro de los puntos en los que hay confrontación entre los 13 expertos es si la nueva norma «debe inscribirse o no dentro de una ley o estrategia más amplia sobre salud sexual y reproductiva». Los partidarios de esta opción defienden que así habría una mayor prevención, entre otras cosas, de los embarazos no deseados, aunque reconocen que la elaboración de esta propuesta podría retrasar la entrada en vigor de la reforma legal sobre el aborto.

EL COMITE CUMPLE CON LOS PLAZOS PREVISTOS

Las citadas fuentes destacan que el equipo, «que todavía se reunirá una o dos veces más», presentará el informe definitivo al Gobierno en febrero, el plazo fijado inicialmente, aunque precisan que es éste quien tiene «la última palabra» sobre el tipo de texto que presentará al Congreso. Además, el Ejecutivo socialista también deberá tener en cuenta a la hora de redactar la nueva normativa las recomendaciones de la subcomisión de la Cámara baja, que previsiblemente estarán listas en febrero.
De este modo, la nueva ley del aborto, a la espera del tiempo que pueda tardar en tramitarse en el Congreso, podría entrar en vigor «bastante antes del verano». Otro de los expertos del Ministerio de Igualdad subrayó que el Gobierno les ha dado «libertad absoluta» para elaborar las conclusiones, y destacó el «debate que se ha producido en las reuniones y el buen ritmo de trabajo del equipo».
Durante la presentación en septiembre de los nombres de este grupo, formado por juristas y ginecólogos, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, resaltó el «alto nivel científico e intelectual» de todos sus miembros. Además, explicó que la nueva ley es necesaria para garantizar la equidad territorial en el acceso a este prestación y para reforzar la seguridad jurídica de las mujeres que abortan y de los profesionales sanitarios que las atienden. Tras el anuncio de los componentes del comité, las organizaciones antiabortistas criticaron que el Gobierno no incluyera a «ni una sola persona que defienda la cultura de la vida» y recordaron que el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2008 no contemplaba la reforma del aborto.