El IMD amenaza con expedientar a sus empleados por manifestarse

El Instituto Municipal de Deportes sigue padeciendo una situación laboral enrarecida. El último capítulo de las disputas entre los trabajadores y la dirección del organismo –en manos de IU y con José Manuel García, delegado de Juventud y Deportes, como vicepresidente– ha soliviantado el ánimo del comité de empresa. Los empleados denuncian que la dirección del IMD ha «notificado a un reducido colectivo de trabajadores que en un plazo de 7 días aclaren lo que hicieron en el transcurso de la asamblea del jueves 23 de abril». Según Jesús Iglesias Giraldo, presidente del comité de empresa, el IMD plantea con ello «iniciar un posible expediente disciplinario colectivo por abandono en los puestos de trabajo».

Iglesias defiende que «en el ejercicio de sus libertades democráticas, los trabajadores desarrollaron de forma ordenada una asamblea en la que unánimemente los asistentes aprobaron que el cierre de la misma se efectuara en la puerta del Ayuntamiento como acto reivindicativo». El comité sostiene que para tal manifestación se tramitaron los «permisos reglamentarios», aprobados por la Subdelegación del Gobierno.

Tras la movilización, los empleados del IMD volvieron a sus puestos de trabajo «de forma inmediata», por lo que el comité no logra explicarse las investigaciones posteriores del IMD. Además, según Iglesias, IU tenía conocimiento «paso a paso» del calendario de movilizaciones. Ante la posible apertura de expedientes disciplinarios, el comité de empresa del IMD advierte de que «tomará las medidas legales oportunas contra aquellas personas que atenten contra las libertades y derechos de los trabajadores en este organismo».

Iglesias se preguntó «donde quedan las buenas voluntades de los políticos de este organismo, que en diferentes reuniones con los representantes de los trabajadores se comprometían y alentaban a un futuro de estabilidad y prosperidad». El comité criticó que, pese a que el nuevo convenio del IMD fue firmado por la dirección, nunca llegó a aprobarse, circunstancia que arrojó a los empleados a las movilizaciones por las que pueden ser penados.