El juez rechaza dejar libre a Correa por riesgo de fuga

El supuesto líder de la trama de corrupción empresarial vinculada al PP investigada en el «caso Gürtel» seguirá en prisión. Francisco Correa había pedido al juez instructor, Antonio Pedreira, salir de la cárcel para cuidar de su hermano inválido, pero la Fiscalía Anticorrupción desaconsejó ayer la medida al entender que existe riesgo de fuga.

La jornada de Correa en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid fue larga y no empezó bien. El empresario, que padece claustrofobia, tuvo que salir de la madrileña prisión de Soto del Real en ambulancia para prevenir un posible ataque de ansiedad que ya ha sufrido en dos ocasiones recientemente. Pero en algún lugar del trayecto cambió de vehículo, porque llegó en un vehículo policial pasadas las once de la mañana.

Visiblemente desmejorado tras casi tres meses encarcelado, el empresario declaró durante más de tres horas ante el magistrado, que le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capital y falsedad.

Siete horas en el TSJM

Su abogado, José Antonio Choclán, solicitó al magistrado su puesta en libertad aduciendo, entre otras cuestiones, que debe encargarse de su hermano inválido lo que, según el letrado, acredita su arraigo en nuestro país y su nula intención de huir de la Justicia.

Sin embargo, las fiscales del caso, Miriam Segura y Concha Sabadell, se opusieron a la medida recordando que las primeras detenciones de la «operación Gürtel» se precipitaron el pasado febrero porque Correa estaba a punto de abandonar España rumbo a un país centroamericano.

Tras la celebración de la preceptiva vistilla, el empresario procesado tuvo que esperar otras tres horas para conocer la decisión judicial. Pasadas las seis de la tarde, y tras siete horas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, salió nuevamente en ambulancia en dirección a la cárcel de Soto del Real.

Comparecencia de otros dos empresariosPedreira también tomó ayer declaración a otros dos empresarios, Alfonso García Pozuelo y Enrique Carrasco. Ambos quedaron en libertad tras su comparecencia, aunque el juez les imputa los mismos seis delitos que a Correa. Según Garzón, García Pozuelo, presidente de la constructora Hispánica, habría hecho pagos ilícitos a Correa «en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos ante las Administraciones Públicas» en los municipios de Boadilla y Pozuelo de Alarcón.