Cataluña
ERC propone eliminar la casilla del castellano en las matrículas escolares
Todavía restan dos meses, aproximadamente, para que la Ley de Educación (LEC) se apruebe en el Parlamento catalán, pero las formaciones de la Cámara ya juegan sus quinielas para que el redactado final incluya sus propuestas mediante la presentación de enmiendas. Ayer abrió la veda de este proceso ERC en una comida en la que, ante la representación de la mayoría de agentes educativos catalanes, aseguró tener el apoyo del tripartito para «blindar jurídicamente» la enseñanza en catalán en los centros.
El tripartito ha firmado 304 enmiendas al proyecto de la LEC y los republicanos presentan 16 en solitario. «Hay que impedir la interferencia malintencionada del Gobierno del Estado», espetó el líder de ERC, Joan Puigcercós, sobre las sentencias que pesan en Cataluña respecto a la enseñanza en castellano. Esta «interferencia» se verá resuelta, según el texto de los republicanos, mediante dos enmiendas que presenta la formación. La número 11 -sobre la atención lingüística individualizada en castellano- implica la supresión de la casilla que debe aparecer en la preinscripción escolar para que los padres escojan en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos. Los republicanos obvian las cuatro sentencias del TSJC, ratificadas por el Supremo en 2008, y sustituyen este proceso por una explicación «verbal» en el centro asignado al alumno.
Allí, al formular la matrícula, los padres serán informados de que su hijo puede recibir la atención en castellano. Esta formación sólo podrá aplicarse durante un año, reduciendo así los cinco años que indica la Ley de Política Lingüística. Respecto a la obligación de impartir la tercera hora de castellano en Primaria -el TSJC emitió una sentencia en julio que instaba a respetar el Real Decreto del Gobierno en este ámbito-, ERC también ha redactado una enmienda -la número 15- que establece los horarios de los centros e impide cumplir la sentencia. Los republicanos aseguraron contar con el beneplácito de PSC e ICV, por lo que si son aprobadas sus enmiendas, estarían protegidos por la ley para «blindar» la inmersión lingüística.
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