Error histórico en Gibraltar

Miguel Ángel Moratinos se convirtió ayer en el primer miembro de un gobierno de España en pisar Gibraltar en más de tres siglos de contencioso con Reino Unido. No es algo discutible a estas alturas que el gesto del jefe de la diplomacia española ha sido histórico, porque hasta la fecha todos los gobiernos del país, monárquicos o republicanos, de izquierdas o derechas, o autoritarios, compartieron y comprendieron el significado y la repercusión de ese paso. Esta resistencia política no respondía al capricho del gobernante de turno, sino a la convicción de que la presencia oficial de un miembro del gabinete español modificaba de alguna manera el estatus de Gibraltar, y que ello podía repercutir en las reivindicaciones sobre la colonia británica y debilitarlas. El ministro Moratinos ha quebrado tres siglos de coherencia histórica, institucional y diplomática. Pero lo ocurrido ayer en el Peñón es sobre todo la consecuencia lógica de una política consentidora y entreguista que tuvo su episodio principal en la creación del Foro de Diálogo Tripartito sobre Gibraltar por los gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar en 2004, que supuso un serio retroceso respecto de los principios del proceso de Bruselas de 1984. Se ha pasado de una negociación, en la que se escuchaba a las autoridades locales pero sin otorgarles derecho al voto, a una política que situó prácticamente en pie de igualdad a los tres actores de este litigio, lo que supuso reconocer a Gibraltar como elemento soberano. El Foro ha sido un error histórico, que ha debilitado paulatinamente la posición de justa exigencia de España en el contencioso. Lo más grave en todo este amargo asunto es que el Gobierno socialista promovió conscientemente este nuevo escenario diplomático, en el que la cuestión de la soberanía quedaba marginada y hasta olvidada para sustituirla por compromisos de cooperación local en beneficio de la población. El Ejecutivo socialista ha sacrificado lo principal en este pleito, que España sufre en su territorio nacional la última colonia en suelo europeo, a cambio de prácticamente nada, salvo que el ministro Moratinos pretenda convencer al país de que los acuerdos alcanzados en materias de cooperación marítima y medioambiental o visados pueden compensar tres siglos de afrenta y una situación de excepción. Al contrario, la disposición española ha sido respondida con provocaciones gibraltareñas y británicas, episodios de fuerza en aguas territoriales españolas y gestos desabridos de las autoridades del Peñón. Por no hablar de las serias dificultades de los municipios del Campo de Gibraltar en sus relaciones con las autoridades de la colonia. El gesto de Moratinos pasará a la historia como un lamentable paso atrás de la diplomacia española, que parece instalada en la resignación. Además, se corre el riesgo de que esta política de repliegue y sumisión alimente las posibilidades de un reconocimiento internacional del derecho de autodeterminación para Gibraltar, como ya hicieron el Gobierno y el Parlamento británicos en 2005, algo que no contempla el Tratado de Utrecht ni el Derecho Internacional. La actitud de la diplomacia española no invita a la tranquilidad ni genera confianza, porque se ha prestado un flaco favor a los intereses generales de la nación. Si el jefe de nuestra diplomacia no tiene como principio fundamental de su acción que Gibraltar es una parte irrenunciable de España, debería dar paso a alguien que sea capaz de defender una cuestión de dignidad nacional.