Jueces independientes

Gabriela Bravo, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho que el Consejo «no tiene ninguna facultad para fiscalizar la labor de los jueces, sino que vela por la independencia del poder judicial». La frase define la actitud del Consejo ante las andanzas de Garzón. Si es así, se preguntará mucha gente, ¿acaso no hay forma de sancionar las irregularidades que pueda haber cometido un juez? ¿Cuál es la instancia que se ocupa de la disciplina interna? A nadie le cabe la menor duda de que Garzón tiene una agenda política y personal a la que supedita su acción judicial. Si el Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que decir al respecto, comprenderán sus miembros que su prestigio ante la sociedad española caiga bajo mínimos. Pero lo que está en juego en el caso Garzón es algo mucho más profundo que la fiscalización de la labor de un juez. De ir Garzón solo, por su cuenta, el cumplimiento de esa agenda política y personal sería inconcebible, incluso en una sociedad tan mansa como lo ha sido hasta ahora la española. Las monterías del juez, de las que probablemente no se ha dicho la última palabra, han empezado a revelar la trama de apoyos que permiten a un juez transgredir, seguro de su impunidad, las reglas del más mínimo decoro. ¿Y qué juez se atreverá a decir, como ha dicho Garzón desde América, que cuando vuelva le van a pedir que deje de hablar? En español, eso se llama chantajear. Tendremos que deducir quizás que si Garzón cuenta con tantos apoyos tal vez sea como resultado de estar ejercitando esa misma acción sobre personas e instituciones capaces de protegerle en cualquier circunstancia, sin descartar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cabe imaginar a qué grado de instrumentalización se habrá prestado Garzón en el ejercicio de esta actividad profesional, por así llamarla… No puedo concebir que «la independencia del poder judicial» consista en eso. Es justamente en defensa de esa independencia por lo que el Consejo debería tomar cartas en este asunto.