Justicia en estado de urgencia

La Administración de Justicia atraviesa serias dificultades y se halla en una situación límite. Fernández Bermejo fue incapaz como ministro de promover soluciones a problemas casi endémicos y, por el contrario, generó tensiones que culminaron con un periodo de agitación y descontento profesionales inéditos, con paros de los funcionarios judiciales y movilizaciones de los jueces. Aquella etapa parece superada, pero mientras tanto la radiografía estadística de la Justicia no ha hecho más que empeorar. El «Informe sobre la situación de los órganos judiciales» correspondiente a 2008, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, describe una situación alarmante. Así, las causas en trámite alcanzaban los 2.800.000, cifra que supone un aumento de 379.064 respecto al año anterior. El número de los asuntos ingresados en los juzgados durante el pasado año superó, por primera vez, los nueve millones, con un aumento de casi 700.000. El estudio del órgano de gobierno de los jueces recoge también otro dato muy preocupante de un sistema al borde del colapso: de las 1.781.151 sentencias que no estaban ejecutadas al cierre del año, 484.186 eran de carácter penal. Que casi un millón de fallos judiciales esté de hecho en suspenso genera indefensión e inseguridad que casan mal con el Estado de Derecho. Con este escenario, la conclusión no puede ser otra que la necesidad de emprender con urgencia la modernización de la Justicia. La crisis económica ha sido una excusa para demorar la imprescindible reforma, pero se ignora que un deficiente funcionamiento de los tribunales repercute también en el estancamiento económico y ralentiza la vitalidad de las empresas por la alta litigiosidad mercantil. La Justicia tiene que ser una prioridad en el capítulo del impulso político y en el de la inversión, al margen del color del Gobierno, que está obligado a dedicar los recursos precisos para paliar sus lagunas y deficiencias. En este sentido, conviene atender a la hoja de ruta elaborada por el CGPJ para ese proceso de reformas. Iniciativas como la nueva Oficina Judicial, la reestructuración de la planta y la demarcación, la aplicación de las nuevas tecnologías, la carta de derechos y transparencia judicial, el seguimiento y la mejora de la actividad de los órganos judiciales, el impulso de las reformas orgánicas y procesales, la modernización del estatuto de los miembros de la carrera judicial y las adaptaciones necesarias de la Justicia en relación con la organización territorial del Estado pueden y deben ser un punto de partida para el debate. Es obvio que hay un cierto consenso en la identificación de las patologías y de las terapias a desarrollar. Lo que ha faltado hasta ahora ha sido el empuje y la voluntad política necesarios en el Gobierno para ponerse manos a la obra. El nombramiento de Francisco Caamaño al frente del Ministerio de Justicia ha abierto ciertas expectativas positivas y ha tenido el acierto de calmar los excitados ánimos de jueces y funcionarios, aunque todavía no se haya desconvocado la huelga prevista para junio. Sería muy positivo que Caamaño, político de maneras dialogantes, impulsara un acuerdo no sólo con los profesionales de la Justicia, sino también con la oposición. El PP ha mostrado su disposición e interés en apoyar la profunda transformación técnica y funcional que la Justicia necesita y que los españoles merecen. Los dirigentes políticos están obligados a entenderse, porque el ciudadano no acepta que los tacticismos partidistas frenen la Administración judicial que requiere el siglo XXI.