La elevada deuda municipal

La crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han colocado a muchos ayuntamientos al borde del abismo. De hecho, al cierre de 2008 acumulaban una deuda de 32.000 millones de euros, 3.500 millones más que en 2007. La situación es especialmente crítica en consistorios como el de Madrid, que con 6.683 millones tiene el 20% del total de la deuda; Valencia (800), Barcelona (770), Zaragoza (690) y Málaga (618). En opinión del Gobierno, este oscuro panorama estadístico tiende a empeorar y no mejorará hasta el año 2011. Quedan por delante dos años y medio de penurias y estrecheces municipales, salvo que acuda al rescate una nueva ley de financiación varias veces prometida y otras tantas aplazada. Que las finanzas locales habían entrado en barrena no era un secreto para la mayoría de los vecinos de las grandes ciudades y de algunas no tan grandes. Son ellos los que están sufriendo en carne propia la ruinosa situación de las arcas municipales, bien porque padecen la supresión de prestaciones y la merma de calidad en los servicios, bien porque sobre ellos han caído los recaudadores como una plaga de langostas: multas de todo tipo y de nueva invención, tasas a discreción, aumento desorbitado de los impuestos ya existentes, creación encubierta de otros, etc. En vez de ajustar el capítulo de gastos y de reducir la nómina de asesores, colaboradores y funcionarios, que durante los años de bonanza engordó de manera enfermiza, los alcaldes pretenden mantener a costa del contribuyente el rumboso ritmo de vida que antes pagaba el ladrillo. De ahí que decenas de miles de pequeños empresarios y trabajadores autónomos hayan cerrado sus negocios por falta de pago de los ayuntamientos, que les adeudan más de 5.000 millones de euros. Es evidente que por este camino no se llegará muy lejos. Los gestores municipales están obligados a ser mucho más austeros y a no aumentar frívolamente el sufrimiento de muchos de sus vecinos que están en paro. Por otra parte, es necesario reactivar la nueva ley de financiación local, la cenicienta del Gobierno. En este punto, la labor del presidente de la Federación de Municipios, el socialista Pedro Castro, ha sido muy negativa, pues ha estado más atento a secundar las opiniones de Zapatero que a velar por los intereses del municipalismo. Así, después de haber hecho grandes proclamas sobre la urgencia de la financiación local, que debía ir alimón de la autonómica, acaba de despacharse que, hasta final de año, nada de nada. De este modo, los ayuntamientos se ven abocados a correr con los gastos de numerosas competencias sobrevenidas, como inmigración, empleo, infancia, dependencia, etc., para las cuales no disponen de financiación. Las comunidades autónomas, que tienen un poder de presión sobre el Gobierno central que no poseen los ayuntamientos, cargan sobre éstos multitud de obligaciones sin darles un euro para ello. Por si fuera poco, el movimiento municipalista, que ha tenido valiosos e inteligentes defensores entre la clase política, ha caído en picado debido, en parte al clima de corrupción que impregna a centenares de consistorios. Limpiar esa imagen, racionalizar la financiación y sanear las arcas no se logra con planes de empleo o cheques al portador. Es necesario un nuevo modelo con ajustes de estructura, que ponga coto al clientelismo y amiguismo, que revise el sistema tributario, erradique el minifundismo municipal y delimite claramente las relaciones financieras con el Estado y las autonomías.