La Fiscalía corrige a Garzón que se postula para presidir la Audiencia

madrid- Horas después de que Baltasar Garzón presentara su candidatura a presidir la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción frenaba ayer su pretensión de implicar en la presunta trama de corrupción empresarial de la «operación Gürtel» a la dirección nacional del PP. El magistrado pidió un informe al Ministerio Público sobre la conveniencia de inhibirse de la investigación en favor del Tribunal Supremo (TS). Sostenía que había encontrado indicios contra aforados nacionales (el nombre del tesorero del PP, Luis Bárcenas, llegó a salir a la palestra) que justificaban esa decisión. Pero Anticorrupción no opina lo mismo y sigue manteniendo que el sumario sobre la «operación Gürtel» debe ser instruido en su mayor parte por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y, en menor medida, por el de Valencia, pues sí aprecia indicios de culpabilidad contra consejeros o cargos autonómicos de ambas comunidades. En un comunicado, la Fiscalía asegura que en la mañana de ayer presentó a Garzón el informe solicitado por éste el pasado 24 de febrero. Anticorrupción se ha saltado así el plazo de 48 horas que le dio el juez para elaborar el documento, que expiró el pasado viernes, en la recta final de la campaña electoral vasca y gallega. En el informe, el Ministerio Público se «ratifica en las conclusiones a que llegó» en el anterior. A saber: que el magistrado debe inhibirse en favor de los citados tribunales superiores «sin perjuicio de que pueda continuar el Juzgado la instrucción de la causa» hasta que «se resuelva la competencia» por los órganos judiciales correspondientes. Por tanto, no ve razón alguna para que Garzón se inhiba en favor del Supremo por la existencia de indicios contra aforados nacionales del Partido Popular. La Fiscalía había advertido al magistrado de que no se ceñiría al plazo de 48 horas dado por Garzón, pues debía estudiar de forma pormenorizada el informe policial en el que el instructor sustentaba sus nuevas sospechas. Antes, el pasado 18 de febrero, ya se decantó por remitir el caso a Madrid y Valencia, pero poco después Garzón solicitó de nuevo su opinión al esgrimir un informe policial que, según él, podía justificar que fuese el Supremo, y no los TSJ madrileño y valenciano, quien recogiese el testigo. 27 imputados en libertad El propio juez instructor ya había dejado clara su intención de inhibirse del caso, todavía bajo secreto de sumario, algo que finalmente podría hacer en las próximas horas. Mientras, el magistrado sigue tomando declaración a los 37 imputados. Ayer comparecieron en la Audiencia Nacional otros seis, entre ellos los ex alcaldes de los municipios madrileños de Majadahonda, Guillermo Ortega, y Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el empresario José Luis Ulibarri. Todos quedaron en libertad, por lo que de los 31 imputados que han sido interrogados sólo tres están en prisión (el supuesto líder de la trama, el empresario Francisco Correa, y dos de sus presuntos colaboradores). González Panero -que llegó a la Audiencia cargado de documentación para demostrar su inocencia- se negó a declarar ante Garzón, quien le dejó en libertad con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. El ex regidor de Boadilla, que fue forzado a dimitir de su cargo por la dirección del PP de Madrid, se escudó en que desconoce «quién va a ser competente en el caso» y en que nadie le garantiza el secreto del sumario a raíz de las filtraciones que se han producido.