La Junta aceptaría Los Gordales como pago de la deuda histórica

Con un contencioso administrativo abierto aún contra el PGOU a tenor de las plusvalías de los terrenos y el difuso compromiso de iniciar la construcción de la Ciudad de la Justicia en la zona en 2010, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, confirmó ayer lo que un día antes la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, planteó como una «opción justificada y existente»: la posibilidad de que la Administración autonómica acepte la parcela de Los Gordales como parte del pago de la deuda histórica.
Griñán reiteró la pretensión de la Junta y del Ayuntamiento de materializar el proyecto en la parcela, un enclave «adecuado por su accesibilidad y su proximidad al metro». «Ahí hay un solar que es propiedad del Gobierno, pues en vez de comprarlo, podemos obtener ese recurso sin pagar dinero porque se nos debe una cantidad a cuenta de la Disposición Adicional Segunda», agregó, al tiempo que subrayó que éste es un «ejemplo claro» de cómo en un momento determinado «si tenemos que comprar ese solar para la Ciudad de la Justicia y construir viviendas públicas y tenemos que hacer un desembolso, éste se puede compensar perfectamente en parte con aquello que nos tiene que abonar el Estado».
En concreto, según el acuerdo que alcanzaron ambas partes en marzo, el Gobierno deberá pagar a la Junta 1.204 millones de euros a cuenta de la deuda histórica, una cifra que deberá abonarse antes de finales de marzo del próximo año. Los terrenos de Los Gordales se convertirían así en moneda de cambio, a pesar de que el litigio que mantiene la Dirección General de Patrimonio del Estado contra el Ayuntamiento continúa abierto. En enero, la Gerencia de Urbanismo aprobó inicialmente el plan del sector donde se hace un primer reparto de suelo, un documento que no especifica claramente la edificabilidad de las construcciones, precisamente a causa de esa indefinición judicial.
La posibilidad de recibir el pago de la deuda histórica en especies ha sido barajada tanto institucionalmente como en el ámbito orgánico del PSOE. El ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció el año pasado su intención de destinar la primera liquidación del pago a la construcción de viviendas protegidas y no descartó incluso la opción de aceptar suelo de titularidad estatal. Sin embargo, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, dudó ayer de esta alternativa, de la que dijo que «no es una decisión firme», por lo que «está abierta a la reflexión». «Tan sólo es una fórmula más de las muchas que se plantean actualmente», aunque matizó que la comunidad «necesita espacio público para la construcción de viviendas» y el Estado «tiene solares muy importantes».

Arenas alerta de una posible «prevaricación»
El presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró ayer que puede ser «prevaricación» que el Gobierno pague a Andalucía con «solares» la deuda histórica. Arenas consideró que es una decisión «absolutamente injusta» y añadió que el Estado «es muy consciente de que la toma». A su juicio, tras conseguirse una cuantificación «bastante ridícula», el Gobierno «quiere ahora saldar este pago que tiene su origen en deficiencias en los servicios educativos, sanitarios y de viviendas», por lo que instó a pagar «en dinero contante y sonante».


CRONOLÍA DEL PROYECTO
Agosto de 2007
- En vez de la parcela de Los Gordales prevista en el PGOU, la Junta elige la zona del Batán, en el Puerto, para la Ciudad de la Justicia.
- El proyecto tendría una edificabilidad de 103.134 metros cuadrados y otros 20.627 para nuevos órganos judiciales.
diciembre de 2007
- La empresa Edda entrega a la Consejería de Justicia el proyecto básico del futuro complejo.
- El día 18, Puertos acuerda la cesión a la Junta de los suelos solicitados con el objetivo de iniciar las obras en verano de 2008 y finalizarlas en 2010.

Mayo de 2008
- Con el concurso público para la adjudicación de las obras a punto de convocarse, la ex consejera del ramo, Evangelina Naranjo, congela el proyecto y asegura que, ahora, no hay prisa para construir la sede judicial.
junio de 2008
- El alcalde y Naranjo escenifican la vuelta del proyecto a Los Gordales, argumentando que «quizás no se estudió bien la demanda del Estado».

Enero de 2009
- Urbanismo aprueba el plan del sector sin especificar la altura de los edificios.