La Junta cree que las urnas muestran el éxito de la Segunda Modernización

El consejero de Presidencia, Antonio Ávila, puso como ejemplo del «éxito» del proyecto de la Segunda Modernización las sucesivas victorias electorales del PSOE en Andalucía. Con este criterio, todos los proyectos puestos en marcha por el Gobierno andaluz en los últimos años también serían un éxito rotundo, aunque los datos objetivos no lo manifiesten. Parece que los resultados de los socialistas andaluces en los comicios europeos del pasado domingo han fortalecido la moral del Gobierno, hasta el punto de que en un debate posterior, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, le dijo al diputado popular José Loaiza que por el camino que van, «mi hijo será consejero antes que usted».
Ávila compareció ayer en el Parlamento de Andalucía a petición del Partido Popular para informar sobre el balance del documento «Un proyecto, diez iniciativas y cien medidas para la Segunda Modernización de Andalucía». El proyecto lo anunció Chaves en junio de 2001 y se aprobó en diciembre de 2003; casi seis años después, vuelve a tener plena actualidad ya que la Junta aseguró que la iniciativa «Andalucía sostenible» anunciada por Zapatero y que comenzará a implementarse a partir de agosto, tenía su entronque en la Segunda Modernización.
En 2005, el anterior consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró que el 98 por ciento de las iniciativas de la Segunda Modernización ya estaban en marcha. Ayer, Ávila comentó que se trata de «un proyecto de largo alcance y recorrido» que «fue y es un éxito». En este cambio de discurso, el actual consejero de la Presidencia vinculó el proyecto hasta con iniciativas actuales como la Ley del Derecho a la Vivienda, el complemento de las pensiones no contributivas o acuerdos políticos como la reforma del Estatuto de Autonomía. Todo para justificar la importancia de ese proyecto «estratégico» de Chaves que tendrá su secuela en «Andalucía sostenible», que liderarán Griñán y Zapatero. «Y dentro de unos años –afirmó Ávila–, ustedes preguntarán por sus resultados desde la oposición». Otro recurso a las urnas para justificar la medida de un éxito.
Por su parte, la portavoz del PP-A, Esperanza Oña, apoyó sus argumentos en numerosos datos para tratar de demostrar que el proyecto sólo surgió «con vocación propagandística». Para Oña, Andalucía sigue estando «a la cola de España y Europa» en los principales indicadores de bienestar. Señaló que medio millón de personas viven con 15 euros al día cuando uno de los propósitos era eliminar la exclusión social; también recordó que Andalucía destina el 1,01 por ciento de su PIB a I+D+i cuando la media española es del 1,27 por ciento o del 1,74 en Europa pese a que el objetivo pasaba por fomentar la economía del conocimiento.
«Esto no era un debate sobre el estado de la comunidad», argumentó Ávila. Al final, ambos tenían razón: los datos son interpretables; las urnas, menos.


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Informe de Chamizo: Denuncia la situación del profesorado
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió ayer de la difícil situación de los profesores en Andalucía, ya que las familias «han delegado sus responsabilidades». El informe anual de la institución, presentado ayer en la Cámara, también recoge quejas de los adquirientes de VPO y la disminución de las plazas para atender a los drogodependientes.

Austeridad: IU pide más control de los entes públicos
El diputado Pedro Vaquero denunció que en la Junta se «despilfarran» recursos públicos en muchos entes autónomos y pidió un Estatuto del Sector Público. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, defendió que el endeudamiento andaluz es inferior a la media nacional así como el «rigor y la eficiencia» con la que se gestionan los recursos.

Vivienda: Más medidas para revitalizar el sector
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, explicó ayer en el Parlamento las tres iniciativas que va a poner en marcha para revitalizar el mercado de la vivienda protegida: desbloquear la financiación de las promociones de VPO que carecen de financiación; adquisición de viviendas libres destinadas a residencia habitual; apoyo a las familias con riesgo de desahucio.