El Gobierno regulariza al boliviano que perdió un brazo en un accidente laboral

El Gobierno ha regularizado "por razones extraordinarias"al trabajador boliviano que perdió un brazo en un accidente laboral y ha remitido a la Fiscalía un informe de Inspección de Trabajo que denuncia "graves deficiencias de seguridad e higiene"en la panificadora de Valencia donde trabajaba.
Así lo ha anunciado hoy la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que, nada más tener conocimiento de los hechos, el Ejecutivo puso en marcha "todos los medios"para averiguar lo sucedido y "exigir el cumplimiento estricto de la ley".
"Esta misma mañana, hace poco más de una hora, el trabajador accidentado, Franns Rilles Melgar, ha sido regularizado por razones extraordinarias", ha señalado.
Fernández de la Vega ha explicado que la Inspección de Trabajo acudió "de forma inmediata"a la empresa panificadora de Real de Gandía en la que trabajaba el inmigrante boliviano, y emitió un informe en el que se "aprecian graves deficiencias de seguridad e higiene".
Además, el informe constató que el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social y se ordenó la clausura de la actividad de la empresa.
La vicepresidenta ha recordado además que el informe fue remitido a la Fiscalía, que ha abierto diligencias para averiguar si se han podido cometer delitos "contra la seguridad en el trabajo, de contratación ilegal de trabajadores, y de lesiones graves por imprudencia".

IMPUTADOS

Los dos hermanos responsables de la panificadora de Real Gandia (Valencia) donde un trabajador ilegal perdió el brazo izquierdo y que, supuestamente, fue abandonado antes de llegar al hospital declararán en calidad de imputados ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Gandia, que ha abierto diligencias previas para investigar las circunstancias del suceso, informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que apuntaron que, de momento, no se ha fijado fecha para el interrogatorio. 
Este juzgado recibió hoy el atestado de las lesiones sufridas por el ciudadano boliviano que ingresó en un hospital con un brazo amputado el pasado 28 de mayo. El juez ha incoado diligencias previas para investigar los hechos.
El instructor ha acordado, entre otras diligencias de investigación, tomar declaración, en calidad de imputados, a los dos hermanos responsables de la panificadora donde presuntamente sucedieron los hechos investigados, sin que de momento se haya fijado fecha para el interrogatorio.
Este trabajador inmigrante sostiene que perdió el brazo izquierdo con una máquina de amasar en una panificadora del polígono Real de Gandia el pasado 28 de mayo y que fue abandonado por su jefe unos 50 metros antes de llegar al hospital porque carecía de contrato de trabajo.
La Guardia Civil detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato.



TRES ILEGALES MÁS

La empresa panificadora de Real de Gandía en la que el inmigrante boliviano Franns Rilles Melgar perdió el brazo en un accidente laboral tenía tres trabajadores más en una situación laboral ilegal, según ha confirmado hoy el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.
"Tenemos constancia de que éste no era el único trabajador extranjero que carecía de afiliación y alta en la Seguridad Social. En las actuaciones iniciales que se han llevado a cabo, parece que había tres personas más en esas condiciones", ha afirmado.
En su comparecencia de prensa semanal, Peralta ha asegurado que tiene constancia de que hoy mismo se iba a registrar la solicitud para autorizar la residencia de Rilles Melgar, y ha afirmado que una vez cumplido este "trámite necesario", el Gobierno tiene "la mejor predisposición"para regularizar su situación.
El delegado del Gobierno ha defendido la actuación de las instituciones del Estado, tanto de Inspección de Trabajo como de la Policía en ese caso y las ha calificado de "adecuadas".
"El mismo día que se produjeron los hechos se personó Inspección de Trabajo en el local y se adoptaron medidas de paralización de determinados equipos, algunos de los cuales habían sido manipulados por la empresa, y se cortaron otros que guardaban relación con el suministro eléctrico", ha explicado Peralta.
El representante del Gobierno en la Comunitat ha destacado que igualmente se citó a la empresa a comparecer ante la Inspección y que la Policía también se personó en la panificadora el día de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes. "Desde entonces no se ha dejado de trabajar", ha puntualizado.
Asimismo, Peralta ha aclarado que se paralizaron los equipos que "a primera vista no reunían los requisitos de seguridad e higiene, pero no se paralizó la actividad de la empresa en su conjunto"porque no era necesario.
"Las instituciones del Estado han dado las respuestas adecuadas, la que corresponde a la percepción generalizada, unánime de la sociedad, de que este tipo de conducta no se puede consentir de ningún modo y, por tanto, debemos transmitir plena confianza en el funcionamiento de nuestras instituciones", ha indicado.
Además, el delegado ha evitado "prejuzgar"los hechos pero ha asegurado que "todo el peso de la Ley va a recaer sobre los autores de los hechos, en la medida en que los ámbitos judiciales y administrativos los confirmen".