PSOE y PP pactan la reforma de la Justicia que frenaba Bermejo

Hasta ahora, el pacto por la Justicia entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sólo se había materializado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ni siquiera ha logrado la del Tribunal Constitucional (TC), atascada por culpa del Estatuto de Cataluña. Bajo el ruido de sables de la carrera judicial que Mariano Fernández Bermejo dejó en herencia a su sucesor en Justicia, Francisco Caamaño, ayer se concretó la firma de un nuevo consenso entre el PP y el PSOE para dar un impulso definitivo al proyecto de ley de Oficina Judicial. Respaldo de las minoríasLos dos partidos registraron un paquete de enmiendas conjuntas en el Congreso, firmadas en algunos casos también por otros grupos. Recogen algunas de las reivindicaciones de los jueces, pero, significativamente, no satisfacen del todo a la principal asociación judicial, la conservadora APM. Por parte del Partido Popular, la negociación la ha llevado el portavoz en Justicia, Federico Trillo. Y en el lado socialista, el ministro y el portavoz parlamentario, Julio Villarubia. El acuerdo incluye cuestiones relativas al estatus laboral de los jueces en materia de vacaciones, ascensos, figura del juez de adscripción territorial, conciliación de la vida familiar y laboral... También afecta a la limitación de la aplicación de la jurisdicción universal en España. Pero quizás el capítulo más delicado es el que trata de algunas de las principales demandas que llevaron a los jueces a la huelga el pasado 18 de febrero y a la relación entre jueces y secretarios: señalamiento de juicios o traslado forzoso por ascenso de magistrados.Estos acuerdos suscitaron valoraciones no del todo coincidentes. Así, tanto el Consejo General del Poder Judicial como la asociación progresista Jueces para la Democracia «aplaudieron» el consenso logrado por PSOE y PP, mientras que levantó las críticas de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).El pleno del CGPJ aprobó ayer un documento en el que se destacaba que las enmiendas presentadas al proyecto de Ley Orgánica que se tramita en el Parlamento «coinciden en buena medida con algunas de las iniciativas que el CGPJ ha madurado» en los últimos meses. Por ello, le merece una opinión favorable ese impulso parlamentario, «desde un juicio de pura coherencia». Sin embargo, esa opinión tan positiva no es compartida por la APM. Así, su portavoz, Antonio García, avaló todas las medidas y acuerdos que «refuercen la Administración de Justicia entendida como servicio público, como mejora de las inversiones o todo lo relativo a la modernización». En cambio, criticó el acuerdo alcanzado por el que se «comparte» la agenda de señalamientos de vistas y juicios con los secretarios judiciales –dependientes jerárquicamente del Ministerio de Justicia–, al entender que ello afecta directamente al principio de independencia judicial. La misma opinión crítica mantiene la APM respecto al principio de jurisdicción universal. En todo caso, lo más preocupante para la APM es la «ideologización» que aparece en el trasfondo de la reforma y que afecta al «núcleo duro» de la concepción del juez y de la Justicia desde la concepción de poder, en aspecto tales como los Consejos de Justicia autonómicos o que la instrucción de los procesos se pueda otorgar a los fiscales. «No compartimos ese modelo de Justicia, que tampoco está en correspondencia con el modelo de juez y Justicia que parece que defendía el principal partido de la oposición», es decir, el PP.Estos son algunos de los aspectos centrales de las enmiendas pactadas por PSOE y PP, y que han apoyado también otros grupos parlamentarios:1. SEÑALAMIENTOSLos jueces y presidentes de Sala fijarán los criterios generales y darán las instrucciones «específicas» con arreglo a las cuales se realizará el señalamiento de las vistas. Los secretarios judiciales establecerán la fecha y hora de las vistas o trámites «sujetándose» a los criterios e instrucciones anteriores. La mayoría de las asociaciones respalda esta nueva redacción, pactada por el ministerio con las asociaciones. 2. ASCENSO FORZOSO Se elimina la provisión consistente en el traslado por ascenso forzoso, una de las reivindicaciones desde hace años por parte de los jueces, toda vez que representaba un serio inconveniente para el desarrollo de la conciliación de la vida profesional y familiar.3. JUECES VOLANTES Serán jueces profesionales adscritos a los presidentes de los Tribunales de Justicia y serán destinados de forma temporal donde exista necesidad de magistrados. El objetivo es la supresión de la Justicia interina y la dotación de plazas de adscripción territorial a titulares de Carrera. 4. VACACIONES Los jueces y magistrados tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los que correspondan si el tiempo de servicio fue menor. Los presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y del resto de tribunales disfrutarán del permiso de vacaciones durante el mes de agosto.Ecos de LA RAZÓN en «The Washington Post»El prestigioso periódico «The Washington Post» analizaba ayer en su artículo «La justicia universal» y daba como ejemplo el sistema judicial español. En sus páginas, el diario citaba la entrevista que publicó LA RAZÓN al ex presidente del Gobierno José María Aznar y en la que se quejaba de que en España «queremos ser policías universales». Además, «The Washington Post» recuerda algunos casos instruidos por la Audiencia Nacional, como el del dictador chileno Pinochet, o la causa abierta por los disturbios producidos por dirigentes chinos en el Tíbet. Asimismo, menciona al magistrado Baltasar Garzón, a quien llama «superjuez».