Un incidente que debe aclararse

La denuncia del fiscal general del Estado formulada ayer contra la Policía Nacional por una supuesta falta de colaboración en la lucha contra el brazo político de ETA es un asunto que, por su relevancia, no puede quedarse en una simple intemperancia matutina. Por más que Conde-Pumpido y el director general de la Policía y la Guardia Civil intentasen posteriormente minimizar el encontronazo, se hace imprescindible una aclaración más detallada. No es suficiente con que el fiscal haya asegurado que «ya está todo arreglado», como si se tratara de un engorroso trámite burocrático y no de una grave anomalía en el funcionamiento del Estado de Derecho que afecta al delicado terreno de la lucha contra el terrorismo. Según reveló Conde-Pumpido en un primer momento, aunque la Policía colabora de manera impecable con el Ministerio Fiscal, existen «problemas puntuales de colisión». Sin embargo, no aclaró si esos choques, en los que según parece también interviene el juzgado de Baltasar Garzón, se han limitado a unos pocos procedimientos o si vienen de antiguo. Dicho de otro modo, urge esclarecer si los desencuentros de la Fiscalía con la Policía afectaron a la legalización parcial de un centenar de listas de ANV en las últimas elecciones municipales y a las que presentó en su día el PCTV. También si puede verse afectada la investigación de las listas que el brazo político de ETA presentará a las elecciones europeas. Nadie más apropiado para despejar estas incógnitas que el propio fiscal general, por un lado, y el ministro del Interior, por el otro. Ambos deberían hacer partícipes a los ciudadanos de las explicaciones que mutuamente se dieron ayer por teléfono. Mientras tanto, sería de irresponsables alimentar la más mínima conjetura de que la Policía no colabora con la Justicia en la lucha contra el terrorismo. No hay un solo policía español, como tampoco hay un solo guardia civil, que no dé lo mejor de sí mismo cuando se trata de combatir a ETA. Y si se producen desajustes, conflictos de competencias o trifulcas de vedetes, la culpa no es del que se patea la calle y se juega la vida, sino de sus superiores. En este sentido, no estaría de más que el fiscal general explicara por qué descalifica de manera genérica y en público a la Policía, en vez de lavar los trapos sucios sin salir de la Administración y, sobre todo, identificando con nitidez a los responsables del desaguisado. Al margen de las razones que le asistan en este caso concreto, Conde-Pumpido tampoco parece el más indicado para dar lecciones de coherencia en la persecución del brazo político de ETA. Es verdad que realizó un trabajo diligente para que los batasunos no se colaran en las últimas elecciones vascas, pero no desplegó el mismo celo para cortarle el paso a ANV en las municipales, pretextando que el PP quería imponer un «Guantánamo electoral». Los vascos que sufren desde entonces el «Guantánamo» de los ayuntamientos proetarras aún esperan una explicación. El Estado de Derecho no puede permitir ni permitirse una sola fisura en su lucha frontal contra ETA que pueda ser aprovechada por los terroristas y sus cómplices. Al Gobierno socialista le ha costado más tiempo del deseable y mucho trabajo entender que con los pistoleros no caben medias tintas ni beneficios de la duda, pues están dispuestos a utilizar al propio organismo democrático para destruirlo desde dentro, como un virus letal e implacable. De ahí que episodios como el de ayer, en el que afloran inquietantes disensiones internas, deban ser aclarados para que no vuelvan a producirse.