Un sindicato policial pide al PP que limpie sus filas y no dispare a ciegas

MADRID-El Sindicato Unificado de Policía (SUP) respondió ayer en un comunicado a la denuncia presentada la mañana del viernes por el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, por las filtraciones relacionadas con la investigación de la trama «Gürtel», en la que los populares solicitan que se tome declaración al secretario de Estado de Seguridad y a dos comisarios policiales. El SUP reconoció ayer que el Partido Popular tiene derecho a defenderse ante las citadas filtraciones, aunque matizó que los populares deberían «predicar con el ejemplo» y asumir responsabilidades antes de «poner en la picota» a la Policía. «El PP debería realizar una investigación previa, abarcando además de a la Policía a la judicatura, a la fiscalía y también entre sus propias filas, antes de «disparar» a ciegas y exclusivamente contra los policías», señaló el sindicato en el comunicado. Tras dejar claro el carácter delictivo de toda clase de filtraciones, el SUP insistió en la obligación de perseguirlas y alertó a los de Génova de que «quienes exigen la presunción de inocencia» para personas sobre las que hay sólidos «indicios» de su implicación en un caso de corrupción, deben dar «ejemplo» en las filas de su propio partido, informa Efe. «Hasta ahora sabíamos que intervenir contra grupos terroristas era asumir denuncias de torturas o malos tratos. A partir de ahora sabemos que siempre que intervengamos en delitos de corrupción con políticos implicados seremos objeto de otras denuncias», lamentó el sindicato. Fuentes policiales consultadas por LA RAZÓN aseguraron que «el Partido Popular tiene derecho a quejarse porque es cierto que se han producido filtraciones, pero no directamente de la Policía», y añadieron que también hay «miembros de la Justicia que pueden haber realizado dichas filtraciones». «Intención evidente de daño»En la denuncia que presentó Federico Trillo, los populares señalaron al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Camacho, así como al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y a su subordinado, el comisario que dirige la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera, como presuntos responsables de las filtraciones. Además, el PP acompañó el texto con recortes de informaciones publicadas entre los meses de marzo y julio de este año relacionadas con dichas filtraciones que, según los populares, «atestiguan la procedencia policial de las escuchas e informes». Asimismo, los populares alegaron que detrás de las filtraciones «hay una intención evidente y constante de dañar la imagen y perjudicar procesalmente a las personalidades y los dirigentes del partido».