Una medida recaudatoria que desprotege al ciudadano

Desde ayer, la Agencia Tributaria podrá embargar hasta 20.000 euros de las cuentas bancarias de aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de endeudamiento. En un contexto de fuerte caída de los ingresos estatales, del 25% de enero a mayo, y con un déficit en el horizonte que podría situarse en torno al 10% del PIB, el Gobierno ha decidido poner en marcha esta medida como forma de frenar la crisis recaudatoria que aqueja a las arcas públicas y que ni siquiera la subida de impuestos abanderada por la vicepresidenta Salgado ha sido capaz de mitigar. La cantidad que puede ser embargada por Hacienda pasa de los 6.000 hasta los 20.000 euros, lo que supone que en apenas dos años, y teniendo en cuenta la subida ya aprobada en 2007 –de 4.000 a 6.000–, el Ejecutivo socialista ha quintuplicado esta cifra. La pretensión del Gobierno de potenciar un procedimiento que, sin permiso judicial, puede concluir con el embargo en un plazo de 10 días, contrasta con la escasa agilidad de comunidades autónomas y ayuntamientos en el pago de las deudas que mantienen con miles de pequeñas y medianas empresas que en los últimos meses se han visto obligadas a echar el cierre. Una mejor gestión del gasto público evitaría tener que recurrir a medidas que sólo ayudan a dejar al ciudadano en una clara situación de indefensión.