Complot contra Guaidó

Aguas turbulentas en la Asamblea Nacional de Venezuela. La única institución reconocida internacionalmente ha entrado en una vorágine de acusaciones, desconfianzas y ataques intestinos que han puesto en jaque no solo a la oposición venezolana, sino al propio Juan Guaidó, quien la preside y, por tanto, es legitimado por más de 50 países como la cabeza de un Gobierno interino en respuesta a la «usurpación» de Nicolás Maduro del Poder Ejecutivo.

El domingo, un reportaje del portal de investigación Armando.info reveló que casi una decena de diputados opositores, la mayoría integrantes de la Comisión de Contraloría, firmó «cartas de buena conducta» para el empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015, señalada por haber negociado con el gobierno nacional la red de tiendas CLAP, nombre del programa gubernamental de entrega de alimentos subsidiados que comenzó Maduro en 2016, los CLAP, que se nutren de importaciones que también realiza Salva Foods.

Las comunicaciones fueron llevadas a la Fiscalía General de Colombia y enviadas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde la empresa es investigada como parte de las averiguaciones y sanciones que se han determinado contra los empresarios Álex Saab y Álvaro Pulido, los hombres que están detrás del negocio de los CLAP y que tendrían relación con el régimen de Maduro en otra cantidad ingente de negocios, contratos y hasta aventuras mineras, según las averiguaciones.

Desvelado el asunto, Juan Guaidó anunció que los diputados señalados, de tres de los cuatro partidos principales de la alianza opositora, serían separados de sus responsabilidades en las comisiones e investigados a fondo. Añadió que se trata de «hechos de corrupción que involucran a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan».

Se refiere a la «operación Maletín Verde» con la cual se habría comprado a 6 diputados opositores para poner en jaque su reelección frente al Parlamento. El 5 de enero de 2020 la directiva de la Asamblea Nacional debe ser renovada, y el acuerdo previo entre los grupos mayoritarios es ratificar a Guaidó al frente del Legislativo y, por tanto, como «presidente encargado» del país. Pero varios intereses, según Guaidó, buscan impedirlo incluso apelando a «chequeras» abultadas.

El 6 de noviembre pasado, el diputado José Guerra, quien se mantiene fuera del país porque es perseguido por Maduro, denunció que hay «un grupo de operadores financieros del régimen con maletines llenos de dólares para tratar de comprar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada. Entre esos operadores están un traficante de bolsas CLAP y un ex gobernador». No dio nombres, pero es sabido que «detrás de los CLAP» están Álex Saab y Álvaro Pulido, jefes de Carlos Lizcano, con quienes algunos diputados habrían acordado favores, según Armando.info.

El representante de Guaidó ante Washington, Carlos Vecchio, agregó ayer que ya «sabemos los nombres y quiénes están detrás de esta operación». El propio Guaidó dijo que entonces «iniciamos una investigación que fue atando cabos hasta llegar a unos nombres y un modus operandi específico. Nombres que fueron cruzados con los elementos de la investigación que ha salido el día de hoy, nos ha permitido atar cabos». Detalló que Álex Saab y Raúl Gorrín –otro empresario venezolano, dueño de un canal de televisión y sancionado por EE UU por negocios con el chavismo– han captado a algunos de los diputados señalados en la trama «para impedir mi ratificación como presidente del Parlamento y, por ende, presidente encargado de Venezuela, el 5 de enero».

Ayer, y en nombre de Voluntad Popular (en el que milita Juan Guaidó), Yon Goicoechea condenó a los tres parlamentarios de sus filas involucrados en el escándalo y afirmó que ya tienen un caso confirmado de un diputado que habría aceptado dinero, en dólares, para votar en contra de Guaidó el próximo 5 de enero.

«La oferta es muy inteligente, no les piden a estos diputados corruptos que voten por el chavismo. Tenemos un caso confirmado, para que vote por otro candidato que se haga pasar por la oposición», explicó. Según la denuncia, se trataría de cientos de miles de dólares en juego, con pagos individuales de al menos 100.000. Goicoechea no quiso decir nombres, y afirmó que será en el seno de la Asamblea Nacional donde se develen, «en su momento».

Para romper la unidad opositora que ratificaría a Juan Guaidó frente al Parlamento, el chavismo necesita que unos 30 diputados decidan no acompañarlo en su reelección interna. Ayer, el diputado José Brito, implicado en la trama de favores con la empresa Salva Foods 2015 y quien aseguró que no hay evidencias de corrupción contra Gorrín, afirmó que existe una «rebelión» contra el líder opositor en el Legislativo.

Según Brito, existe un documento en el que 70 parlamentarios muestran su oposición a las prácticas de quien encabeza la institución y el Gobierno interino, pero no lo mostró. Acusó a Guaidó de estafador, de querer mantener un statu quo para enriquecerse a través de las empresas petroleras «recuperadas» al chavismo –Citgo en EE UU y Monómeros en Colombia–. Citó las denuncias del ex embajador opositor en Colombia Humberto Calderón Berti sobre supuestos malos manejos por parte del «interinato» de Guaidó y ausencia de voluntad para investigarlos. Hoy hay sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Brito y otros, que acusan al poderoso ex ministro chavista de Petróleo Rafael Ramírez –también acusado de corrupción– de financiar una operación de descrédito contra ellos, anunciaron que se presentarán para plantar cara a Guaidó.