La Audiencia Nacional rechaza extraditar a EE UU a un alto cargo chavista

La Audiencia Nacional ha rechazado este martes la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en el estado de Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera venezolana PDVSA y que ha denunciado ser objeto de una persecución política.

La sección segunda de lo Penal ha adoptado esta decisión en un auto en contra del criterio de la Fiscalía, que apoyó la entrega, porque si bien Estados Unidos comenzó a investigarle por delitos de organización criminal y blanqueo en relación con delito de corrupción en los negocios, también se le está investigando por esos delitos en España, en concreto en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. A esto se une que Alvarado cuenta con la nacionalidad española desde 2017, y en contra de lo que alegó la Fiscalía, la Sala descarta que la obtuviese de forma fraudulenta.

En el auto, contra el que cabe recurso de súplica ante el pleno de la Sala de lo Penal, los magistrados señalan que Alvarado “ha aportado suficiente documentación justificativa, que evidencia una adquisición (...) totalmente regular de la nacionalidad española”.

Respecto a la investigación abierta en España, recuerda la existencia de una querella "contra diversas personas físicas y jurídicas" relacionadas con PDVSA, entre ellas Alvarado Ochoa, por delitos cometidos en Venezuela -que también ha pedido su extradición- y en otros países.

En lo que se refiere a Alvarado, se señala que tenía “cargos” en Bariven, una filial de PDVSA, donde habría cometido actos de corrupción por los que obtuvo beneficios que habrían sido, “al menos parcialmente”, blanqueados en España a través de inmuebles y creación de sociedades". “Esta misma situación -dice el auto- se habría producido en relación con otros países, entre ellos el Estado que demanda la extradición, como también Reino Unido, Suiza, Malta, Islas Mauricio, Belice, etc.”

Esta investigación, prosigue la resolución, “se ha visto alimentada por documentación obtenida en registros domiciliarios llevados a cabo en Madrid, como también por aportación de información” por parte de EE UU.

Por ello, la Sala entiende que tanto en Estados Unidos como en España, “como probablemente en otros países, se está llevando una investigación sobre si no exactamente los mismos hechos sí sobre aspectos parciales de una misma situación, pero que tienen indudables elementos comunes”.

Se produce por tanto, lo que denomina “una situación de doble competencia jurisdiccional concurrente”, y el tribunal señala que, dado que a él solo compete resolver extradición, no le corresponde pronunciarse a favor de una u otra jurisdicción.

No obstante, entiende que dado que el reclamado cuenta con la nacionalidad española tendría prevalencia la española, incluso para los que son objeto de investigación en EEUU, y tiene también en cuenta la "gran disparidad de tratamiento punitivo en uno y otro sistema penal".

Y es que, en Estados Unidos la pena aplicable por los hechos por los que se le reclama sería de 20 años de cárcel, “ostensiblemente más alta que la imponible en España”. Alvarado, que se encuentra en libertad bajo fianza de 90.000 euros, se trasladó en 2013 a España tras ser cesado en Bariven.

Según la petición de extradición, en 2011 “se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel” de PDVSA para pedir sobornos a proveedores de la petrolera, algunos en EE UU. Dos de ellos, Roberto Rincón y Abraham Shiera, reconocieron haber pagado sobornos y fueron condenados por ello en Estados Unidos. En ese “complot” estaba también Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Chávez, que también está siendo investigado por blanqueo en la Audiencia Nacional. Por todo ello, el tribunal del distrito sur de Texas pretendía juzgar a Alvarado por 19 cargos de blanqueo de capitales.