Internacional
Huelgas: el mal francés
Entre los años 2008 y 2017, Francia fue el país de la OCDE con mayores índices de conflictividad laboral, pese a que presenta una de las tasas de afiliación sindical más bajas de la Unión Europea. Y la situación no parece mejorar
Según el color del cristal con que se mire, la oleada de huelgas que está sacudiendo a la vecina Francia se debe a la gallarda defensa de unos derechos laborales duramente adquiridos en los últimos 120 años, que el presidente de la República, Emmanuel Macron, pretende arrebatar, o son la expresión de la insolidaridad supina de unos trabajadores públicos mimados, que solo pretenden mantener unos privilegios conseguidos en el siglo pasado. Como casi siempre, algo de razón asiste a las dos posturas. Primero, porque la reforma de las pensiones, que perjudica claramente a los funcionarios, especialmente a los empleados del Transporte, no es la única reforma laboral que los distintos gobiernos galos han tratado de aplicar durante las últimas cuatro décadas, con muy poco éxito. La más grave de esas reformas, cuyo proyecto no ha sido retirado, aunque sí hibernado, cambia la tradicional jerarquía de normas, que establece que ante dos leyes contradictorias se aplicará la que más beneficie al trabajador. La consecuencia es, por supuesto, hacer decaer la primacía de los convenios sectoriales sobre los acuerdos entre la empresa y sus trabajadores. Se trata, por supuesto, de buscar una mayor productividad y de flexibilizar la producción, pero la experiencia nos dice que esa mejora de la competitividad suele obtenerse mediante la reducción de salarios. Francia, sin embargo, presenta una brecha muy importante entre las condiciones de los trabajadores del sector público y los asalariados del sector privado. Los primeros, que suponen el 21,4 por ciento de la fuerza laboral del país, gozan de la protección reforzada de la función pública en caso de conflicto laboral y, además, pueden paralizar los servicios comúnes. La mayoría de los trabajadores públicos está afiliada sindicalmente, lo que supone otra anomalía del caso francés, ya que nuestros vecinos presentan la tasa de sindicación más baja de la Eurozona, con un 7,9 por ciento, mientras que Dinamarca tiene el 67,2 por ciento y un país como España, el 13,9 por ciento.
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