La policía de Minneapolis amenaza con cambiar el mapa de América. Desde luego ya ha provocado las mayores protestas en la historia reciente del país. Cientos de miles de persona salieron a la calle durante dos semanas seguidas. Las concentraciones, absolutamente multirraciales, fueron casi siempre pacíficas. Pero hubo disturbios, atentados a la propiedad privada, agresiones contra la policía.

Alcaldes y gobernadores decretaron el toque de queda en dos centenares de ciudades. Los soldados de la Guardia Nacional patrullaron las calles de 30 estados. Por número de detenidos, heridos y muertos las manifestaciones ya arrojan un balance que empieza a aproximarse al de los disturbios de 1992, después de que un jurado absolviera a los policías acusados de brutalidad policial contra Rodney King.

La diferencia (crucial) es que los 22 muertos y 11.000 detenidos de la actualidad se corresponden al total del país, con manifestaciones en más de 1.000 ciudades durante 18 días y sumando, mientras que lo ocurrido en el 92 se circunscribe a una sola población, Los Ángeles, y un periodo de menos de 6 días. Aquellos disturbios fueron mucho más explosivos y desesperados, mucho más violentos.

Más allá de las estampas iracundas, de los ancianos apaleados, los policías acuchillados, los comercios vandalizados y las barricadas sobre el asfalto, todo bien subrayado por unos medios de comunicación sedientos de gasolina, resta una nación enfrentada a algunos de sus más acuciantes dilemas. En opinión de la científica social de Harvard, Danielle Allen, EEUU está nada menos que «al borde de una ruptura fundamental en nuestro contrato social».

Descontadas las reformas de la policía sostiene que «algo más profundo, más fundamental necesita reparación». Allen ha presidido una comisión bipartidista de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias con 31 recomendaciones y seis estrategias para «reinventar la democracia estadounidense para el siglo XXI». Entre otras cosas el documento propone ampliar el congreso, y por tanto los colegios electorales, el registro instantáneo de votantes para todos los estadounidenses elegibles, limitar a 18 años el mandato de los jueces en el Tribunal Supremo, sugiere estrategias para afrontar el desafío de las redes sociales y propone aumentar los recursos e inversiones para fomentar el liderazgo comunitario, la educación cívica y una cultura de compromiso con la democracia constitucional.

Los buenos deseos de la Academia no ha impedido que el mismísimo presidente de los EEUU, Donald Trump, haya descrito a los alborotadores en unos términos similares a los empleados para referirse a yihadismo o los grandes carteles del narcotráfico. Del otro lado el país ha visto como una pléyade de senadores, alcaldes, columnistas y actores compara a los oponentes republicanos con algo así como un comando de las SS.

El debate, polarizado hasta límites insufribles, tiene que ver con la desesperanza de tantos años de violaciones de los derechos civiles, pero también, mucho, con la retórica agonista de los contendientes. Mientras vuelan las acusaciones mutuas, el forraje de alta graduación, el botellón dialéctico, cuestiones como la situación del sistema penal terminan subsumidas por el alud de una arena política puramente circense. Un show al que no son ajenos quienes abuchearon al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expulsado de una manifestación porque no cree conveniente dejar sin fondos municipales al departamento de policía local.

Qué decir del actor Michael B. Jordan (The wire, Creed, Black Panther): ha prometido que sus productoras dejarán de trabajar con cualquier empresa que tenga vinculaciones con la policía. De paso asegura que sólo contratará seguridad privada. Desde la plataforma Invest-Divest exigen «inversiones en la educación, la salud y la seguridad de las personas negras en lugar de inversiones en la criminalización y persecución». «Queremos inversiones en las comunidades negras», añade el texto, «controladas por las comunidades negras, y la desinversión de las fuerzas de explotación, incluidas las cárceles, los combustibles fósiles, la policía, la vigilancia y las empresas explotadoras».

El clima de guerra propicia y multiplica los ataques a la libertad de expresión. Tómese el caso de Tom Cotton, senador republicano. Cotton publicó un artículo de opinión en el New York Times donde pedía la intervención del ejército, argumentando que las tropas ya intervinieron en los años sesenta para proteger a los defensores de los derechos civiles de las turbas racistas.

Por preocupante que resulte leer a un senador que pide para las manifestaciones de estos días una vigilancia similar a la recibida por el KKK y los partidarios de la segregación racial, asombra la reacción del periódico: parte de la redacción montó en cólera, los lectores y las redes sociales exigieron cabezas y, finalmente, James Bennet, director de la sección de opinión del New York Times, dimitió como una solución para aplacar a la jauría.

Como escribió Damon Linker en The Week, en artículo titulado Cuando los periodistas dejan de creer en el debate, «es bastante común entre los periodistas considerar las opiniones no como argumentos para avanzar, involucrar y potencialmente refutar, sino como una especie de propaganda viral con el poder de convertir a los lectores a nuevas perspectivas holísticas, como si se tratara de propagar un fervor religioso».

En Bloomberg el jurista Stephen Carter advierte del peligro de fomentar la persecución de quien piensa distinto en nombre de un bien superior. «Estamos viviendo en un momento intelectual peligroso. Tras el asesinato policial de sangre fría de George Floyd en una esquina de Minneapolis, la gente sale a la calle por la justicia racial, algo positivo en el contexto de un país roto. Pero cuando esas demandas se reorientan para restringir la conversación permisible cruzamos una línea democrática que vale la pena defender».

El último ejemplo de esta corriente profunda, nacida al calor de unos campus universitarios embebidos de posestructuralismo francés y otras culturalistas degeneraciones justicieras, ha sido el escándalo propiciado por la plataforma HBO, cuando anunció la retirada de “Lo que el viento se llevó”. Tan lejos todos ellos de las ultrarracionales sugerencias de la Academia de las Artes y las Ciencias.