Hong Kong, bajo la égida de Pekín

China desafía a los movimientos democráticos hongkoneses y construye su polémica sede de seguridad nacional en el lugar desde el que parten las manifestaciones. Con la nueva ley, la Policía puede hacer registros sin orden judicial y controlar la información en internet.

En pleno corazón comercial de la ciudad, donde cada año se reúnen los hongkoneses para que no caiga en el olvido la masacre de Tiananmen, desde donde arrancan la mayoría de las manifestaciones prodemocráticas y en el mismo lugar en el que en 2014 se encontraba la librería de la que desaparecieron cinco trabajadores por publicar volúmenes sobre el presidente chino, Xi Jinping. Allí, en el barrio de Causeway Bay, es donde un desafiante Pekín ha decidido plantar su oficina de seguridad nacional.

Toda una muestra de que Hong Kong ha quedado por fin bajo su égida y de que la nueva ley de seguridad nacional va a vigilar muy de cerca esos derechos y libertades de los que hasta ahora gozaban sus ciudadanos.

Según informaron fuentes oficiales al diario hongkonés «South China Morning Post», la oficina quedará alojada exactamente en el edificio del hotel Metropark, cuyas instalaciones se están acondicionando para que entre en funcionamiento desde hoy miércoles. Ayer por la noche, en previsión de que esta sede levante ampollas entre los habitantes de la ciudad, los agentes colocaron en su exterior las ya habituales barreras llenas de agua que también rodean el Parlamento o algunas comisarías.

Hasta antes de la entrada en vigor la semana pasada de la Ley de Seguridad Nacional, los agentes comunistas tenían supuestamente prohibido operar en la ciudad semiautónoma. Sin embargo, desde el pasado 1 de julio, coincidiendo con el 23º aniversario de la vuelta de Hong Kong a manos chinas, la nueva norma dio luz verde a la instalación de esta oficina.

Está previsto que ayude a perseguir a aquellos que osen desafiar la soberanía china supervisando y guiando la aplicación de la legislación por parte del Gobierno local, que prohibe los actos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. Con penas de hasta cadena perpetua, la normativa ha calado en una sociedad que ha quedado dividida tras un año repleto de protestas y manifestaciones contra los gobiernos local y central. Desde que hace justo una semana se promulgara la nueva norma, en Hong Kong muchas cosas han cambiado. El temor a ser enjuiciado ha empujado a muchos ciudadanos a borrar su rastro de las redes sociales.

Algunos partidos políticos defensores de la independencia o la autodeterminación que florecieron tras el movimiento de los paraguas de 2014 se han disuelto o han anunciado que comenzarán a operar desde el extranjero. Y numerosos comercios «amarillos» –denominación con la que se conoce a los locales contrarios al Gobierno– han retirado los «post-it» que empapelaban sus paredes con mensajes de apoyo a los antigubernamentales y en favor de la democracia.

Está claro que ahora el miedo a expresarse sin tapujos ha llegado a todos los sectores y las últimas en sumarse a la incertidumbre causada por la ley han sido las grandes tecnológicas. En los últimos días, Facebook, Twitter, Google, Zoom o Telegram han anunciado que suspenden temporalmente la entrega de datos de sus usuarios a las autoridades de la ex colonia a la espera de conocer el verdadero alcance de la normativa. Incluso la aplicación de vídeos cortos TikTok confirmó ayer que abandonará «en unos días» la región después de que el lunes por la noche se hiciera público que la Policía local podrá eliminar de internet aquellas publicaciones que atenten contra la nueva ley y se prevé castigar a las compañías que no cumplan con las nuevas normas de colaboración.

Como si se tratara de una acción consensuada, la decisión de todas ellas ha puesto de manifiesto su desconfianza ante la política china, que incluye la posibilidad de meter en prisión a los trabajadores de las multinacionales que se nieguen a entregar los datos de sus usuarios o de multarles con penas de hasta 11.500 euros. Además, al aplicarse la norma en todo el mundo, las tecnológicas se podrían enfrentar a la disyuntiva de elegir entre divulgar información sobre una persona que escribe desde otro país o que uno de sus empleados vaya a prisión algunos meses.

«Creemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor a su seguridad u otras repercusiones», declararon desde Facebook, compañía también propietaria de Whatsapp e Instagram. Como ellas, el resto de tecnológicas expresaron su disconformidad con una norma que allana el camino de la censura en una región que hasta ahora había sido sede de organizaciones internacionales y terreno seguro para los disidentes chinos huidos de la parte continental.

El rumbo tomado por estas empresas parece que marcará el futuro de internet en Hong Kong, donde una vez más la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, insistió en que la nueva ley persigue el beneficio de la sociedad hongkonesa y negó que sirva para erosionar las libertades de la ciudad como sus oponentes indican.

Sea así o no, la ciudad vive tiempos inciertos y, con grandes o pequeños pasos, muchos son los que temen ser juzgados. En las escuelas, la autocensura y el control gubernamental se ha intensificado desde el pasado 1 de julio.

El Gobierno de Hong Kong les ha instado a «promover la educación en seguridad nacional» y las autoridades educativas han afirmado que revisarán las colecciones de su biblioteca y retirarán aquellos libros que puedan violar la ley. Más de 40 maestros han recibido advertencias desde la Oficina de Educación por publicar en redes sociales contenidos considerados críticos con la Policía o el Ejecutivo local. La criba ya ha comenzado y algunos títulos, como el del activista por la democracia Joshua Wong, ya han desaparecido de las bibliotecas públicas.