Estados Unidos: ¿democracia o voto?

Estados Unidos es un país, cuanto menos, curioso. En la «tierra de los valientes» y de «los libres» las elecciones son todo un espectáculo. El proceso electoral del presidente, entre primarias y campaña regular, tarda unos dos años. Y todo este largo proceso electoral no tiene base constitucional ya que la Carta Magna de Estados Unidos no recoge en ningún momento el derecho a voto por parte de los ciudadanos al presidente, que es elegido por el Colegio Electoral. Pero es que tampoco recoge el derecho de voto a los delegados al Colegio Electoral. Es decir, en el país líder del mundo libre no existe el derecho de voto al presidente.

Verán, cuando el ciudadano estadounidense acuda a las urnas el 3 de noviembre, estará votando por unos delegados al Colegio Electoral que más adelante tendrán el cometido de elegir al presidente. Pero la Constitución dice que los parlamentos de cada Estado tienen la potestad de establecer la forma de elección de estos delegados. Últimamente, los Estados se han decantado por el sufragio universal, pero esto no es un requerimiento legal. Es más, cada parlamento estatal podría llegar, incluso, a nombrar a sus delegados al Colegio Electoral en contra del resultado de la noche electoral.

Las implicaciones de estos desajustes democráticos no son desdeñables. En Estados Unidos, una persona que no consiguiera la mayoría del voto, y que, además, tampoco consiguiera el respaldo del Colegio Electoral electo por sufragio universal, podría acabar siendo elegido presidente. Ya ocurrió en 1877 con la elección de Rutherford Hayes. Y es que se puede dar el caso, completamente legal de que los parlamentos estatales designen a delegados independientemente del resultado de las elecciones, lo que crearía una situación en la que dos delegaciones (una elegida por los votantes y otra designada por algún parlamento estatal) presentaran credenciales para elegir al presidente en el Colegio Electoral.

En caso de que esto ocurriera, sería el presidente pro tempore del Senado quien estaría a cargo de validar o elegir a la delegación «legítima». El presidente del Senado ostenta, además, otro cargo, vicepresidente de Estados Unidos.

Por si todo esto fuera poco, el pilar sobre el que se basa la transición pacífica del poder en Estados Unidos no tiene base constitucional, se trata en realidad de una convención no escrita, de un pacto entre caballeros en el que el perdedor asume la derrota facilitando así la investidura de su contrincante. Este es un paso absolutamente voluntario. De darse un resultado muy ajustado, las diferentes campañas podrían intentar alterar los resultados, exigiendo la paralización de recuentos (como ocurrió en Florida en 2000), o requiriendo la desestimación del voto anticipado o por correo.

En este caso, si la integridad de los comicios se pusiera en duda, los parlamentos estatales tendrían la justificación para ignorar estos resultados electorales y proponer a sus propios delegados al Colegio Electoral. Cabe destacar que los republicanos ostentan el control de los parlamentos estatales de Arizona, Carolina del Norte, Florida, Michigan, Pensilvania o Wisconsin. Todos estos Estados son clave en la reelección del presidente Trump.