¿Qué armas ha usado la Policía de Perú contra los manifestantes?

Hoy a las 16:00, hora local, Francisco Sagasti jurará su cargo como nuevo presidente interino de Perú. El veterano político se convertirá en el cuarto jefe del Estado en tan solo cuatro años, y el tercero en ocho días. Lo cierto es que la última semana en Perú ha sido muy convulsa. Desde que el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra (y vicepresidente del Gobierno anterior) y asumiera la presidencia de Manuel Merino, los peruanos salieron a las calles a protestar.

La represión de las manifestaciones durante el mandato efímero de Merino ha dejado dos muertos, noventa heridos y una docena de desaparecidos. Es más, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció ayer que iba a enviar una misión a Perú, para investigar posibles violaciones a las libertades fundamentales, por las denuncias de un uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de efectivos de seguridad.

En la misma línea, Amnistía Internacional, a través de la verificación inmediata de evidencia audiovisual, “ha comprobado episodios que ejemplifican el uso excesivo e innecesario de la fuerza por la Policía Nacional en las manifestaciones producidas en el contexto de la crisis política que atraviesa el país”.

“Los vídeos verificados digitalmente por Amnistía Internacional son evidencia contundente de la violencia ejercida por la Policía contra la población a la que debería proteger”, indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.

Desde el martes 10 de noviembre, cuando asumió Merino su cargo y, principalmente, en las masivas protestas llevadas a cabo el 12 de noviembre en varias ciudades del país, “más de 15 personas habrían resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad por arma de fuego”.

“En los incidentes que Amnistía Internacional ha podido verificar, agentes policiales dispararon municiones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon o sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, hiriéndolas y violando estándares internacionales de derechos humanos”.

Según informa AI, “el 12 de noviembre por la noche en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, varios agentes policiales dispararon directamente contra personas durante una manifestación. En un primer vídeo, agentes que formaban una barrera dispararon municiones no identificadas en cuatro ocasiones, mientras uno de ellos gritaba “Mátalo, mátalo””.

En otro vídeo del mismo incidente, el mismo grupo de agentes disparó contra un grupo de personas en varias ocasiones y en otro vídeo un agente disparó a corta distancia en dirección a un grupo de personas.

El sábado las protestas terminaron en tragedia. Dos estudiantes universitarios Inti Sotelo, de 24 años y Jack Pintado, de 22 años, murieron por los perdigones disparados por la Policía durante las manifestaciones. Al día siguiente, Merino renunció a su polémico cargo.

Sin embargo, hoy la Policía peruana ha vuelto a negar que ha usado canicas y perdigones de plomo durante las protestas del sábado, en la que fallecieron dos jóvenes. Según recoge el diario“El Comercio”, el general PNP Víctor Zanabria Angulo detalló en una rueda de prensa que los cartuchos con proyectiles metálicos -con los que habrían sido heridos los manifestantes- no son de uso de la institución policial. Según la Policía, “son de venta comercial y a ellos tienen acceso los ciudadanos porque son para caza. La Policía no tiene ese cartucho, ni lo usamos”.

De acuerdo con Zanabria Angulo, desde 2004, bajo reglamentos internacionales, no hacen uso de perdigones metálicos. Solo utilizan perdigones de goma durante las protestas sociales.

Alberto Estévez, experto en armas de Amnistía Internacional, señala que “en los últimos cinco años, AI ha trasladado al Gobierno español su preocupación por la exportación del material antidisturbios a Perú, como cartuchos lacrimógenos, por valor de más de 23 millones de euros y las exportaciones realizadas por cerca de tres millones de euros, pese al riesgo de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas". Según indica Estévez, “le hemos pedido al Gobierno español que no conceda nuevas autorizaciones de este tipo de material, que suspenda los envíos y que revoque las autorizaciones de las nueve licencias concedidas en los últimos cinco años”.