Elecciones Maduro S. A. : De «Nicolasito» a Cilia Flores, la dinastía bolivariana se afianza

El fraude electoral del mandatario chavista le sirve para impulsar la imagen de su hijo y de su esposa, la «primera combatiente», ambos candidatos en estos polémicos comicios

Nicolás Maduro observa con unos prismáticos durante un acto de campaña
Nicolás Maduro observa con unos prismáticos durante un acto de campaña FOTO: Ariana Cubillos AP

«Los sospechosos habituales». Así han sido calificados por distintos sectores, y hasta candidatos rivales, los candidatos que impulsa Nicolás Maduro para el fraude electoral organizado para este domingo y con el que pretende procurarse una nueva Asamblea Nacional que dé finiquito al Parlamento controlado por la oposición y encabezado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países.

Los candidatos por el partido de Gobierno incluyen a ex ministros, ex funcionarios de todo nivel, propagandistas culturales del régimen y hasta a la esposa y el hijo de Maduro. En Venezuela, el régimen cambió el sistema electoral para ampliar el Parlamento de 167 diputados a 277, argumentando que así le daría «mayor pluralidad y participación» a pesar de que se trata de una violación de la Constitución nacional. Allí se incluyen 48 diputados de una «lista nacional» recién inventada y tampoco contemplada en la Carta Magna, por la que no se puede votar, pero que producirá escaños por cociente de participación nacional de cada partido inscrito.

Allí es donde las figuras más prominentes del chavismo han decidido postularse. La encabeza Diosdado Cabello, el «número dos» del régimen y hombre fuerte del partido, seguido de Cilia Flores, la «primera combatiente» y esposa de Maduro. Ambos ya han sido diputados antes. Ella entre 2000 y 2011, y luego desde 2015 hasta la fecha. Y él desde 2010. Ambos fueron presidentes de la Asamblea Nacional.

El paso por ese cargo de Flores es recordado como un período de autoritarismo y de nepotismo. Mientras frenaba la participación de legisladores opositores en los debates e impedía a la Prensa siquiera acercarse al salón de sesiones (la cobertura debía ser hecha por televisión mediante una transmisión oficial), incrustó en la burocracia del Parlamento a 37 de sus familiares sin pasar por concursos públicos. «Yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia y los defenderé en esta Asamblea Nacional como trabajadores», dijo en 2008.

El listado de familiares de Flores «enchufados» en cargos del Poder Legislativo no incluía a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sus sobrinos ahora condenados a 18 años de prisión en EE UU por narcotráfico. En su momento, en 2015, según registros de la DEA, ambos admitían que parte del dinero producto de la venta de estupefacientes se usaría para financiar la campaña de la mujer de Maduro en el Estado de Cojedes, donde en 2015 fue candidata a diputada (salió electa y no acudió salvo en un par de ocasiones).

En el caso de Diosdado Cabello, le tocó presidir una Asamblea Nacional de mayoría «roja rojita» entre 2013 y 2015, que se imponía ilegalmente en decisiones que necesitaban las dos terceras partes de los diputados, con la cuales no contaban. Ahora ambos vuelven y se han convertido en ejes de la campaña chavista. Cabello protagonizando los actos multitudinarios en todo el país por el PSUV, y Cilia Flores convocando mediante propaganda televisada al voto por las fuerzas del régimen.

Pero quizás la figura más resaltante del parapeto electoral es el hijo del gobernante venezolano. Es candidato del partido de Gobierno en el Estado de Vargas, adyacente a Caracas, donde grandes vallas publicitarias muestran su rostro acompañado tan solo de su nombre: Nicolás Ernesto.

Nicolás Maduro Guerra, candidato e hijo de Nicolás Maduro en un acto de campaña en La Guaira
Nicolás Maduro Guerra, candidato e hijo de Nicolás Maduro en un acto de campaña en La Guaira FOTO: MANAURE QUINTERO REUTERS

La propaganda, dicen los expertos, no pareciera que fuera para lograr su elección como diputado. Después de todo, su nombre figura como cabeza de lista regional y tiene asegurado su escaño. Su nombre, por si fuera poco, no aparecerá en la papeleta electoral. Además, no es oriundo del Estado donde se postuló ni reside allí, lo cual viola el artículo 188 de la Constitución, que establece que los candidatos a diputados deben vivir durante cuatro años consecutivos en la entidad federal que aspiran representar.

«Pareciera que buscan posicionarlo para algo más dentro del chavismo y del madurismo porque estas son elecciones falseadas que se parecen más a unas primarias internas del PSUV», sostiene la experta en marketing electoral venezolana Carmen Beatriz Fernández, profesora invitada de la Universidad de Navarra.

«Nicolasito» ha aumentado su rango de acción dentro del régimen, y ya hay quien lo señala como heredero del poder en escenarios futuros.

Actualmente, es miembro de la asamblea constituyente, y se le acusa de estar involucrado en no uno sino varios esquemas de millonaria corrupción. Quizá el más oneroso es el manejo de minas de oro y coltán, por lo cual ya es llamado «el Rey» de esos minerales al sur del país. También se le asocia con Santiago Morón, un empresario señalado de formar parte del saqueo del oro por el ex jefe de Inteligencia del chavismo Manuel Cristopher Figuera (ahora en el exilio).

Otros candidatos también salieron del alto Gobierno, como Iris Varela, ex ministra de Prisiones y quien ha pedido que «el que no vote, que lo boten» en ese despacho; o Jorge Rodríguez, ex ministro de Propaganda, figura clave de los asuntos electorales del régimen, y quien estaría detrás de la contratación por parte del Consejo Nacional Electoral de una empresa argentina que puso las nuevas máquinas y el sistema de votación, bajo mucha opacidad y a pesar de estar inhabilitada para contratar con el Estado.

Y así una lista de ex ministros, ex alcaldes y figuras que han participado de la burocracia. Ello incluye el menos a 90 integrantes de la asamblea constituyente chavista que se postularon como candidatos para el 6-D sin renunciar al cargo que ejercen tres meses antes del proceso electoral, como lo establece la Constitución, y no fueron rechazados por las autoridades electorales.