Un sistema menos plagado de lagunas para gravar a las empresas está al alcance

Cuando las personas recuerden la Presidencia de Joe Biden, es posible que, dependiendo de los eventos de los próximos meses, lleguen a la conclusión de que uno de sus logros económicos más importantes fue revertir un auge global de décadas en la evasión de impuestos corporativos. La llamada de su Administración para poner fin a la “carrera hacia el fondo” ha revitalizado las conversaciones multilaterales sobre la reescritura de las reglas internacionales que alientan a las multinacionales a canalizar grandes ganancias a los paraísos fiscales. Dos meses después de esa llamada, Estados Unidos y otros países ricos acordaron una hoja de ruta para la reforma. El acuerdo allana el camino para la mayor reforma de impuestos corporativos en un siglo.

Los motivos de Biden no son puros: está menos impulsado por principios que por el deseo de exprimir más a las empresas estadounidenses para financiar sus prioridades de gasto posteriores a la pandemia. No obstante, las propuestas de los países del G-7, que sus ministros de Finanzas aprobaron el 5 de junio, son bienvenidas. El sistema fiscal internacional se asienta sobre las bases establecidas en la década de los años veinte. Durante gran parte del siglo siguiente, la preocupación de los responsables de la formulación de políticas fue evitar la doble imposición, no frenar el abuso. El resultado ha sido un aumento constante de la evasión, impulsado aún más por el crecimiento de las empresas de tecnología y los activos intangibles, hasta el punto en que el 40% de las ganancias de las multinacionales en el extranjero se transfieren a paraísos. La OCDE estima que esto le cuesta al fisco hasta 240.000 millones de dólares al año, una pequeña fracción de la producción económica mundial, pero todavía hay muchos hospitales sin construir y carreteras sin reparar.

Los intentos anteriores de tapar este agujero han sido poco sistemáticos. El G-7 quiere una solución más completa. Ha respaldado una tasa impositiva corporativa mínima global de al menos el 15%, combinada con una reasignación de los derechos impositivos para otorgar más a los países donde las empresas tienen ventas. Rishi Sunak, el canciller de Gran Bretaña, que presidió las conversaciones del G-7, calificó el acuerdo de “sísmico”.

De hecho, es solo un primer paso. Llegar a un acuerdo global implica encontrar términos que otros 132 países, incluidos China e India, puedan aceptar. Los países pobres temen una ruptura con los países ricos: el G-7 podría obtener más del 60% de las ganancias de ingresos de un impuesto mínimo. Algunos paraísos se resistirán, incluida Irlanda, que guarda celosamente su tasa impositiva corporativa del 12,5%, y tiene un veto en materia fiscal en la UE.

Si estos obstáculos pueden superarse, las reformas aún deberán convertirse en ley. A muchos en el Congreso de Estados Unidos les preocupa que puedan dañar la competitividad de sus empresas. Los países europeos quieren que Estados Unidos se mueva primero. Estados Unidos quiere que Francia, Reino Unido y otros países que han introducido “impuestos a los servicios digitales”, dirigidos a las ventas de las empresas de Silicon Valley, los eliminen de inmediato. Aceptar ponerlos en espera ayudaría a hacer avanzar la delicada diplomacia. Los impuestos europeos han provocado aranceles de represalia por parte de Estados Unidos, que actualmente están suspendidos. La OCDE reconoce que una guerra comercial inducida por impuestos eliminaría más del 1% del PIB global.

También es necesario moderar las expectativas sobre la cantidad de ingresos perdidos por la evasión que se recuperará. La mayoría provendría del impuesto mínimo. Pero un suelo del 15% aumentaría los ingresos fiscales corporativos globales en tan solo un 2,7%. Los 50.000 millones-80.000 millones que las reformas combinadas podrían recaudar son escasos comparados con los 6.000 millones de ganancias anuales globales de las multinacionales. La parte de reasignación de beneficios de las propuestas parece mucho trabajo por no mucho beneficio. Los países donde un grupo aún indefinido de multinacionales tienen ventas podrían compartir los derechos impositivos sobre al menos el 20% de las ganancias globales que esas empresas obtuvieron por encima de un margen del 10%. La ganancia neta de este complicado ejercicio puede no ascender a mucho más de 10.000 millones.

No hay vuelta atrás

No obstante, se ha cruzado un Rubicón. El tenor del debate sobre impuestos comenzó a cambiar después de la crisis financiera mundial y ahora ha cambiado fundamentalmente. Los gobiernos de todo el mundo están de acuerdo en que el arbitraje de impuestos corporativos se ha salido de control y que los derechos impositivos deben estar mejor alineados con la actividad económica. Hace veinte años, los campeones de la competencia fiscal tenían la ventaja. Ahora, la línea de pensamiento dominante es que la soberanía fiscal se recorta en ambos sentidos: los países tienen derecho a establecer sus propias tasas, pero aquellos que las reducen las jurisdicciones de impuestos bajos también tienen derecho a detener el saqueo. Antes de que termine el año, es posible que la mayoría de los Gobiernos del mundo hayan acordado cambios que podrían borrar los modelos comerciales de los paraísos fiscales cero en el Caribe.

Cualquier acuerdo que surja de las conversaciones globales estaría lejos de ser perfecto. Solo recaudaría sumas modestas en relación con los agujeros en los presupuestos inducidos por la covid. Frenaría, pero no acabaría, con el uso de lagunas; los departamentos de impuestos corporativos son demasiado inteligentes para eso. Es probable que dé más a las economías avanzadas que a las en desarrollo, lo que significa que habrá presión para revisar el acuerdo. Pero promete revelar una ruta hacia un sistema impositivo más racional y equitativo que sea adecuado para una economía basada en las cosas que se tocan en un teclado en lugar de dejarlas caer. Ése es el destino que los negociadores deben tener en cuenta en los difíciles meses que se avecinan.