La identificación del tercero de los 43 estudiantes de Iguala alienta la esperanza de sus familias

La investigación para esclarecer lo sucedido en el asesinato de los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio mexicano de Iguala ha dado un paso importante: los restos óseos hallados en el Barranco de la Carnicería son de Jhosivani Guerrero. El laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck (Austria) confirmó el martes su identidad al coincidir el ADN de la vértebra encontrada al 99,99% con la secuencia genética de la madre del normalista asesinado cuando tenía 20 años.

La antigua Fiscalía anunció hace seis años que los restos de Guerrero habían sido recuperados en otro punto, el Río San Juan. Expertos independientes cuestionaron la identificación debido a la baja coincidencia con el ADN de la madre. Las familias rechazaron las conclusiones del Ministerio Público en el “caso Ayotzinapa”, uno de los 81 pueblos de Iguala y donde sucedió la tragedia.

Omar Gómez, nuevo fiscal del caso experto en Derechos Humanos, ha explicado que la coincidencia «es del 99,99%», muy superior al 17% de simultaneidad de los restos del Río San Juan. Los normalistas son un grupo de corte socialista y asambleario surgido de proyectos educativos.

El Gobierno mexicano se ha propuesto arrojar luz a un crimen cuyas investigaciones han estado marcadas por la desconfianza de los familiares de las víctimas hacia el ex presidente Enrique Peña Nieto, que ostentaba el cargo durante la matanza. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido tajante ante la supuesta intención del Gobierno electo de Iguala de dar carpetazo al asunto: «Nadie lo va a impedir. Se va a hacer justicia. Es un asunto de Estado. Todavía no podemos dar por concluida la investigación. No queremos actuar de manera irresponsable, engañar, no nos queremos precipitar. Es un asunto muy importante porque en la pasada Administración la llamada verdad histórica no corresponde a lo que sucedió».

La identificación ratifica las mentiras de la «verdad histórica» elaborada por el Gobierno de Peña Nieto. Los hechos probados apuntan a que los 43 estudiantes fueron separados en grupos antes de ser asesinados en diferentes lugares. La versión del Ejecutivo de Peña Nieto fue que los homicidios se produjeron en el basurero del vecino municipio de Cocula. Agentes de la Policía y otros cuerpos de seguridad colaboraron con la red criminal Guerreros Unidos para acometer el múltiple crimen. El Barranco de la Carnicería se ha convertido en el centro de las pesquisas.

El «caso Ayotzinapa» cambió radicalmente en julio de 2020, cuando se halló un hueso de Christian Rodríguez en el Barranco de la Carnicería, el mismo lugar donde se han encontrado los restos de Guerrero. Rodríguez se trataba del segundo estudiante identificado tras el hallazgo seis años antes de Alexander Mora.

El ejecutivo de López Obrador ha dado un impulso a esta investigación con el objetivo de arrojar luz a un suceso que conmovió a la sociedad mexicana. La matanza de los 43 estudiantes de Iguala rompió el relato de progreso de Peña Nieto, que buscaba dejar atrás los años de Felipe Calderón caracterizados por la violencia.

Las pesquisas han revelado otra de las mentiras de la verdad oficial: la Policía de Huitzuco estuvo implicada en la desaparición de los alumnos y la Policía Federal evitó actuar a pesar de saber que los normalistas corrían peligro. Peña Nieto defendió que solo estaban implicadas los cuerpos policiales de Iguala y Cocula. El papel del Ejército continúa siendo sombrío, ya que los militares patrullaron las calles esa noche, pero no auxiliaron a los 43 jóvenes.

Defensa se ha resistido durante años a colaborar. Finalmente, los investigadores han tenido acceso a los informes de los batallones de la zona. Los documentos pueden revelar verdades fundamentales para reconstruir los hechos. El Gobierno deslizó que el grupo atacante confundió a los normalistas con una banda rival. Pero la hipótesis más compartida es que los estudiantes trataron de llevarse los autobuses que Guerreros Unidos utilizaban para el tráfico de heroína. La toma de buses es una acción típica del movimiento normalista.

El Ministerio Público investiga torturas a 34 detenidos durante la anterior investigación que supuestamente sirvieron para obtener confesiones que construyeron la ‘verdad histórica’. La Fiscalía acusa al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio de Peña Nieto, Tomás Zerón, de detenciones arbitrarias y torturas.

El mes pasado, un tribunal denegó el recurso de amparo presentado por Zerón para acceder a la carpeta del caso. El representante de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández-Maldonado, ha destacado que las familias “han logrado mostrar que en México es posible la identificación de restos con dignidad, de forma transparente y con sustento científico. Representa una esperanza para las más de 80.000 personas que han desparecido” en el país azteca.

Fernández-Maldonado ha agradecido su labor al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al Equipo Argentino de Antropología Forense y a las organizaciones de derechos humanos. La ciencia ha mostrado evidencias que desmienten la verdad oficial defendida por Peña Nieto. Pese a ello, las familias de 40 de los 43 normalistas asesinados en Iguala continúan sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La Fiscalía avanza para esclarecer lo sucedido esa noche de otoño de 2014 y la implicación del Estado mexicano. La Comisión de la Verdad continúa la búsqueda de los estudiantes.