Los 400.000 europeos en riesgo de ser expulsados de Reino Unido

Manuel, con pasaporte español, llegó al Reino Unido a finales de diciembre del año pasado, justo días antes de que se ejecutara ya a efectos prácticos el Brexit. Enfermó gravemente de coronavirus y tuvo que ser hospitalizado. Acaba de recibir el alta. Y ahora teme que tenga que hacer frente a una costosa factura por los cuidados médicos porque todavía no ha logrado regularizar su situación.

A finales de junio se cumple el plazo para que los comunitarios residentes en el Reino Unido soliciten el llamado “Estatus de asentamiento”. De no hacerlo, quedarán como inmigrantes ilegales perdiendo todos sus derechos, entre ellos, el acceso a la sanidad pública.

Hace ahora cinco años que los británicos decidieron abandonar el bloque en un histórico referéndum. Con el triunfo euroescéptico, los europeos que habían hecho del Reino Unido su hogar quedaron en el limbo. En un principio, se estimó que había tres millones. Ahora se cree que hay alrededor de seis millones, entre ellos, más de 320.000 españoles. No hay cifras exactas porque no todos están dados de alta en el consulado.

Tras años de incertidumbre, sus derechos quedaron protegidos finalmente con el Acuerdo de Retirada, el pacto de divorcio firmado en octubre de 2019 entre Londres y Bruselas. No obstante, el sistema que ha implantado el Gobierno de Boris Johnson cuenta con letra pequeña y no está exento de críticas.

“La promesa que se realizó durante la campaña del Brexit es que los derechos quedarían garantizados automáticamente, pero no ha sido así”, denuncia María Luisa Llorente, portavoz de la organización “The 3 million”. “En lugar de ser un sistema de registro, el Reino Unido ha implantado un sistema de solicitud, es decir, estamos sujetos a una petición que puede ser aceptada o denegada por las autoridades. Y al poner una fecha límite, va a generar problemas”, matiza.

“Es ahora cuando crece el nerviosismo. Nos están llegando casos como el de Manuel [nombre ficticio]. Es cierto que los casos excepcionales pueden ser tan solo un 20%. Pero un 20% de seis millones de personas, supone mucha gente afectada”, añade.

Según Llorente, hay muchos jubilados que llevan más de cinco décadas en el Reino Unido, pero ahora tienen dificultades para demostrar su prueba de residencia. “No todos tienen pasaporte o DNI porque aquí no es obligatorio. Y muchos tampoco tienen facturas a su nombre. Hay también muchas amas de casas que no pueden demostrar su vida laboral”, matiza.

Todo aquel que haya llegado al Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 -cuando terminó el periodo de transición- tiene derecho solicitar su permiso de residencia. Los que llevan cinco o más años, deben pedir el llamado “Estatus de asentamiento”. Eso sí, cada vez que cambie de dirección, renueve pasaporte o tenga cualquier cambio en tus datos personales, debe notificarlo a las autoridades. Y si está fuera del país durante cinco años pierde todos sus derechos. En caso de que quisiera volver, tendría que hacerlo ya bajo los requisitos de la nueva ley de inmigración que entró en vigor el 1 de enero de este año.. Está inspirada en el modelo de puntos australiano, uno de los más estrictos del mundo.

Por su parte, todo el que lleve residiendo menos de cinco años, tiene que solicitar el “Pre Estatus de Asentamiento” y esperar al lustro para finalizar los trámites. Eso sí, si están fuera del país durante seis meses (dentro de un periodo de un año) ya no son candidatos para conseguir luego el “estatus de asentamiento”. En definitiva, la vida ya no será como antes.

“Con la pandemia, hay mucha gente que ha estado meses fuera del Reino Unido y ahora se está topando con dificultades”, aclara Llorente. “Y cada vez se están poniendo más estrictos a la hora de demostrar una prueba de tu llegada al país. Antes bastaba solo con el billete de avión. Ahora hay casos en los que se lo han denegado”, explica. “Es como si poco a poco fueran erosionando nuestros derechos”, añade.

A partir del 1 de julio, por ejemplo, cambian también las normas para reagrupación familiar. Ahora los comunitarios residentes se pueden traer al Reino Unido tanto a padres como a hijos a vivir con ellos. Pero, a partir del próximo mes, en el caso de los padres, se deberá “probar dependencia”.

Por su parte, Olivia Vicol, de “Work Rights Centre” -otra organización que vela por los derechos de comunitarios- denuncia que muchos empleadores están ya pidiendo una prueba de que sus trabajadores han regularizado la situación. “En teoría no la deberían pedir hasta julio. Pero ya están pasando. Y hay problemas porque todo el sistema es digital y algunos no pueden demostrar su estatus”, señala. El Parlamento Europeo y el propio alcalde de Londres, Sadiq Khan, ya advirtieron que, sin ningún tipo de prueba física, los comunitarios podrían tener ahora problemas de “discriminación” a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo o vivienda de alquiler.

Cerca de 5,6 millones de comunitarios y sus dependientes han pedido ya el permiso de residencia, pero todavía hay cerca de 400.000 casos pendientes, según las autoridades británicas. Alrededor de 130.000 ciudadanos podrían perder las prestaciones sociales que ahora reciben.

El secretario de Estado de Interior, Kevin Foster, explicó ayer que los que se consideran elegibles, pero aún no hayan realizado los trámites, recibirán una notificación para decirles que tienen 28 días más de margen. No se tomarán medidas contra estas personas hasta que se resuelva la solicitud. Además, se permitirá un tiempo indefinido para completar los trámites para aquellos que tengan una excusa de peso, como razones médicas o en el caso de menores cuyos padres o tutores no hicieran la petición en su nombre.

Según el Gobierno, el objetivo es ser “flexible y pragmático” y piden reciprocidad a la UE para sus compatriotas residentes en el bloque. “El enfoque del Reino Unido está siendo muy generoso. Nuestro sistema lleva abierto más de dos años. Sin embargo, muchos países de la UE han dado solo un margen de 12 meses o menos para que los británicos residentes regulen su situación”, recalca la ministra de Interior, Priti Patel.

Para los comunitarios residentes en Reino Unido, el sistema es gratuito (a pesar de que en un principio se planteó una tarifa de 70 euros) y nada tiene que ver ya con el tortuoso documento de 85 páginas de “permiso de residencia” que existía al principio. Ahora se trata de una gestión “on line” que apenas lleva unos minutos y puede realizarse incluso desde el propio teléfono móvil.

Uno simplemente necesita el pasaporte -que se escanea con el propio móvil- e introducir el conocido como “NINo” (National Insurance Number), número obligatorio cuando se comienza a trabajar en el Reino Unido.

Ahora bien, el proceso se complica, teniendo presentar más pruebas de residencia, con aquellos que no tienen pasaporte, los que no trabajan o los miles de jubilados que no tienen acceso a Internet. Deben hacerlo todos, sin excepción. Los casados con británicos y también los cónyuges no comunitarios de europeos. Porque, de otra manera, por poner un ejemplo, el americano casado con una española también quedará en situación ilegal. Al fin y al cabo, su derecho de residencia está ahora vinculado a la normativa de la UE. La situación, en definitiva, es más compleja de lo que parece. Hay letra pequeña que leer. Y mucho en juego. (fin).