Frente común de la UE contra la ley homófoba de Orban

Pocas veces una ley nacionaldespierta tanto revuelo y un número considerable de países deciden aprovechar una cumbre europea para acorralar a uno de sus colegas. Los líderes europeos utilizaron este jueves su cita en la capital comunitaria para redoblar la presión contra Hungría con el propósito de que el Gobierno de Viktor Orban retire una nueva ley –aprobada en el Parlamento magiar la semana pasada- que prohíbe hablar en los los colegios de homosexualidad e identidad de género y que extiende también este veto a los contenidos audiovisuales destinados a los menores.

Un total de 17 países firmaron una misiva en la que no se menciona a Budapest para no caldear aún más el ambiente, pero se defiende la necesidad de “seguir luchando contra la discriminación contra la comunidad LGTBI, reafirmando la defensa de nuestros derechos fundamentales. El respeto y la tolerancia están en el centro del proyecto europeo”. Según fuentes de la Moncloa, la iniciativa partió de España y Luxemburgo y posteriormente se unieron el resto de países que incluyen a Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Chipre, Letonia, Estonia, Irlanda, Malta, Grecia, Finlandia, Países Bajos y Austria.

El Gobierno de Pedro Sánchez en todo momento quiso defender la autoría del texto. “No es que nos hayamos sumado a la iniciativa de otros, sino que la hemos promovido y patrocinado y, con la ayuda de Luxemburgo, hemos conseguido el apoyo de otros 16 líderes europeos. De hecho, el contenido de la carta es redacción española, con aportaciones de Luxemburgo que se sumó desde el principio a la iniciativa”, explicó el equipo que viaja con el presidente.

El miércoles, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, calificó este nueva ley como “una vergüenza” que contraviene el derecho comunitario y , horas después, la Comisión Europea envió una misiva dirigida al Gobierno húngaro para que de marcha atrás en la entrada en vigor esta normativa, bajo amenaza de un procedimiento de infracción y de denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE, si es necesario.

El día anterior, un grupo de 14 países había pedido a la Comisión Europea que tomara cartas en el asunto como guardiana de los tratados europeos en una propuesta promovida por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

A su entrada a la reunión, Orban acusó a sus homólogos europeos de no haber leído la ley y negó cualquier acusación de homofobia en esta nueva regulación. “Esta ley no va de eso. Va de los derechos de los niños y de los padres”, aseguró el mandatario a la vez que recordaba su pasado contra la dictadura comunista en la que la homosexualidad estaba castigada.

Pero estas explicaciones no convencen a muchos líderes europeos. “Orban no tiene vergüenza. Tenemos que doblegarlo”, arremetió el primer ministro holandés, Mark Rutte, que incluso llegó a asegurar que Hungría “ya no tiene cabida en la UE”. El primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, que está casado con un hombre desde 2015 explicó la dificultad de aceptar su homosexualidad y de comunicárselo a su familia. “Escuchar ahora que puede ser porque vi algo en la televisión cuando era pequeño es inaceptable”, aseguró.

Ante un tema tan sumamente delicado, el presidente del Consejo, Charles Michel, mantuvo contactos con los diferentes países antes de la cumbre para introducir este tema en la agenda, lo que al final tuvo lugar justo antes de la cena. Según fuentes diplomáticas europeas, la discusión sobre la ley fue “en profundidad” y en algunas ocasiones “muy emocional”. Según otras fuentes, Países Bajos y Luxemburgo fueron los países con una intervención más dura y el socio que más apoyó a Hungría fue Polonia.

No es la primera vez que las leyes promovidas por Orban son acusadas de homófobas. En el año 2020, el país introdujo cambios en la Constitución para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, lo que excluye a las parejas homosexuales. En todo caso, este nueva batalla entre Bruselas y Budapest se une a los numerosos expedientes acumulados ante lo que Bruselas considerauna deriva autoritaria en el país. Polonia y Hungría son los dos únicos países a los que las instituciones comunitarias han abierto el denominado artículo 7, que puede desembocar en la pérdida del derecho de voto en el Consejo por no respetar la independencia judicial y la libertad de prensa.

Además, el Parlamento Europeo está reclamando al Ejecutivo comunitario que plantee la congelación de los fondos europeos, ya que los líderes europeos acordaron un mecanismo para supeditar el desembolso del maná comunitario al respeto al Estado de derecho.