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Opinión

América Latina ante la encrucijada de un nuevo ciclo electoral

Resulta innegable que la región enfrenta uno de los mayores desafíos en al menos una generación: una crisis sanitaria, económica y social de grandes proporciones

América Latina registra el 21% de los contagios y el 34% de las muertes que el mundo acumula por la pandemia
América Latina registra el 21% de los contagios y el 34% de las muertes que el mundo acumula por la pandemiaSTRINGERREUTERS

América Latina ha iniciado a partir del 2021 y hasta el 2024, un nuevo ciclo electoral durante el cual 17 de sus naciones convocarán a elecciones presidenciales, las cuales estarán marcadas por los efectos devastadores provocados por la pandemia del COVID-19 y por una disminuida gobernanza democrática.

Resulta innegable que la región enfrenta uno de los mayores desafíos en al menos una generación: una crisis sanitaria, económica y social de grandes proporciones causada por la crisis del COVID-19, cuyos alcances se extienden también a las ya de por sí debilitadas condiciones políticas e institucionales que padecen varias naciones.

Diversas cifras confirman el impacto devastador que ha tenido la pandemia sobre las naciones latinoamericanas. En lo sanitario, con menos del 9% de la población global América Latina registra el 21% de los contagios y el 34% de las muertes que el mundo acumula por razones de la pandemia. En materia económica, los datos del FMI confirman que la región fue la más golpeada entre las economías emergentes del planeta, con una caída del PIB en el 2020 de -7.0%, siendo que, la tasa de crecimiento de 5.8% estimada para el 2021, no permiten recuperar el golpe anterior. El descalabro económico representó, según la OIT, la pérdida de 34 millones de trabajos, lo que se hizo sentir en un incremento en la pobreza con cerca de 22 millones más de personas en esa condición de acuerdo a la CEPAL. Finalmente, se experimentó un deterioro en la persistente desigualdad que ha caracterizado a esta región; mientras crecía la pobreza y la pobreza extrema, el ingreso de los más ricos se expandía en un 40% en el mismo período, de acuerdo a datos del PNUD.

Estos resultados y las condiciones en que los gobiernos manejaron la pandemia, han tenido repercusiones negativas en materia de democracia y estado de derecho, aspectos que desde antes de la crisis mostraban signos de preocupante deterioro. Por ejemplo, según el Índice de la Democracia del 2019, ALC fue la región con el peor desempeño, acumulando para entonces cuatro años consecutivos de deterioro, especialmente en áreas como pluralismo político, libertades civiles, y proceso electoral.

La crisis provocada por el COVID-19 acentuó algunas de estas tendencias negativas en materia de institucionalidad democrática. Los poderes excepcionales otorgados a los gobernantes para el manejo de la pandemia condujo al debilitamiento de mecanismos de control, lo cual se prestó para abusos en el ejercicio del poder, tensiones entre los poderes del estado y severas limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y prensa. Igualmente, se acrecentaron los riesgos en materia de corrupción en la adquisición de productos y servicios para la atención de la emergencia y de prácticas clientelares en la distribución de la ayuda estatal. La impunidad, un problema endémico en varias naciones, experimentó también lamentables retrocesos como lo testifican la finalización de importantes programas con apoyo internacional en la materia, el descarrilamiento de investigaciones de graves casos de corrupción, y la destitución de fiscales y jueces independientes.

Otros factores relevantes se suman al panorama de justificada preocupación sobre el estado de la institucionalidad. Estudios de opinión realizados por el Barómetro de las Américas advierten de una caída en el apoyo ciudadano a la democracia que pasó de 60% en 2010 a 58% en 2018, lo que se refleja, particularmente, en un bajo apoyo a los parlamentos (21%), a los partidos políticos (13%).

Dado lo anterior, no sorprende que el descontento ciudadano haya tomado en los últimos tiempos las calles de diversas ciudades latinoamericanas, en la forma de estallidos y protestas sociales que pusieron en jaque la estabilidad institucional y en algunos casos, como ocurrió en Chile, obligaron al replanteamiento del pacto social fundamental mediante la convocatoria de una asamblea constituyente.

Pese a lo anterior, no todo es negativo en materia de democracia. Más allá de la capacidad de resiliencia que han mostrado las instituciones que por más de 40 años han sorteado diversas crisis económicas, políticas y sociales, la región ha experimentado un significativo aumento en la participación política de las mujeres, aunque aún hay mucho espacio para mejorar, y cuenta con una ciudadanía activa y movilizada en la protección de sus derechos.

En el marco de este escenario, plagado de desafíos pero con innegables oportunidades, la región ha inaugurado un nuevo ciclo electoral en el cual se decidirá sobre la conducción política de gobiernos y parlamentos. Con excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela en donde no existen garantías de elecciones libres y competitivas, en el resto de los países los procesos permitirán medir el compromiso de los ciudadanos frente a sus instituciones y definir los liderazgos que marcarán el rumbo de la democracia en sus respectivos países. El último ciclo electoral había dejado algunos liderazgos populistas tanto de izquierda como de derecha, lo cual restó a la gobernanza democrática dadas las características con que ese tipo de dirigentes ejercen la política y el gobierno. Está por verse si los ciudadanos enmendarán o si la región terminará de precipitarse por la senda de los populismos cesaristas y las autocracias que si bien no predominan en la región, ensombrecen el futuro de nuestras democracias.

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Laura Chinchilla M, ex presidenta de Costa Rica y Vicepresidenta de Club de Madrid