AMLO sale a la caza

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue fiel a su estrategia de centrar su discurso en contra de la corrupción. Por ahora, la fórmula le funciona. Ante un desgaste importante de los partidos políticos tradicionales y a pesar de la crisis natural producto del Covid-19, el primer mandatario mexicano sigue empleando sus recursos discursivos para mantener una cierta popularidad; gobernando de manera cuasi cómoda y decidiendo el destino del país azteca con ausencia de contrapesos.

Pocos días atrás, la Fiscalía de la República (FGR), envió una carta de citación al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, para que declare ante unas acusaciones que lo señalan como parte de un entramado delictivo para «entregar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a compañías extranjeras». El político panista ha decidido exiliarse enviando previamente un mensaje donde ataca duramente a AMLO, calificándolo de autócrata y comparándolo con Nicolás Maduro. Ante la falta de elementos para asegurar que la FGR representa un poder independiente del ejecutivo y que esto no se trata de una jugada personal de López Obrador, la decisión del exilio por parte de Anaya resulta comprensible.

El tema de la corrupción le ha sido muy rentable al presidente mexicano. Mientras en el país aumentan los casos de Covid-19 y la curva de fallecidos no desciende, la persecución política y esta supuesta «lucha en contra de la corrupción» le permite mantener cierto blindaje en su imagen. De esta manera, logra desviar la atención, mantiene a su electorado esperanzado y refuerza vínculos con aquellos electores antagónicos a los partidos y a los políticos tradicionales.

México celebrará elecciones presidenciales en el 2024. La campaña permanente desde el ejecutivo sigue en marcha. La Constitución del país no permite la reelección presidencial; sin embargo no hay que descartar, que así como López Obrador podría tener injerencia en las decisiones de la Fiscalía, también podría tener sus tentáculos en parte de la justicia que vela por el cumplimiento y vigencia de la Constitución. Más allá de su legalidad o no, si AMLO continúa con niveles importantes de popularidad (55%) no habría de extrañar que intente cambiar el marco legal del país, sabiendo que el costo político, con una oposición venida a menos, podría ser marginal.

Es probable que la persecución política se acentúe en los meses venideros. Conforme se acerque la fecha para las elecciones presidenciales y los temas que puedan afectar la imagen del presidente mexicano se intensifiquen, en esa medida, veremos un recrudecimiento de la persecución en contra de líderes políticos opositores y agentes abiertamente contrarios al gobierno: periodistas y personas influyentes en el sector empresarial, sobre todo en esos dos ámbitos. Quizás la cárcel para los perseguidos sea medida extrema, pero sin duda, el ataque verbal, la amenaza y el hostigamiento serán una constante.

México pone a prueba su democracia. Dependerá del liderazgo alternativo y de los ciudadanos cuidar celosamente lo que tanto ha costado construir.